El ciclo escolar está a punto de acabarse pero las vacaciones, este año, no parecen traer el merecido descanso. Profesores y estudiantes se retiran con la incertidumbre de un futuro marcado por una reforma educativa que no cuenta con su apoyo. La ley Wert está en proceso y con ella la imposición de la religión dentro de las aulas, la eliminación de la inmersión lingüística y la puesta en marcha de un modelo mercantilista de la enseñanza.

Para conocer más en detalle los posibles efectos de la nueva norma, Público se ha reunido en Barcelona con los portavoces del área de educación de cuatro sindicatos, UGT, CGT, CNT y USOC, que ponen sobre la mesa los aspectos más controvertidos del proyecto impulsado por el Partido Popular.

Una de las principales recriminaciones que la comunidad docente hace a la reforma de Wert es la de fomentar la privatización de la educación. ¿Cómo se materializa esto en la nueva ley?

Pere Lirón (CGT): La privatización está recogida ya desde la propia definición del sistema educativo que aparece en el prefacio, donde la enseñanza es considerada un medio para crear ciudadanos capaces de competir en el libre mercado y no (como constaba hasta ahora) una herramienta para formar individuos críticos preparados para la convivencia democrática.

Carme Jodar (CNT): La LOMCE defiende una concepción deshumanizadora y neoliberal de la educación, diseñada para que la gente aprenda a cumplir unas órdenes básicas y acabe siendo mano de obra barata.

Pere Lirón (CGT): Se permite expresamente recurrir a la inversión privada, así el Gobierno puede seguir reduciendo las asignaciones a la escuela pública, y desaparece la obligación del Estado de construir escuelas cuando haya demasiada demanda de plazas, otorgando, en cambio, libertad total para la creación de centros privados, a donde se podría derivar a los alumnos que no tuvieran sitio en las públicas.

Pedro Miguel Galiana (USOC): Yo en este punto no estoy de acuerdo porque la privatización significa que una escuela pública pase a ser privada y eso la ley lo impide, como todas. Siempre ha existido la libertad de creación de centros para cuando hay demanda de alumnos.

Según la nueva ley cambiarían también los criterios para la financiación de las escuelas públicas, ¿verdad?

Anna Montero (UGT): Sí, se establecen pruebas externas para clasificar a los colegios según sus resultados y en base a ellos se dotará de mayores recursos a unas escuelas u a otras. Ya no se pagará en función de las necesidades de los centros y sus alumnados sino de acuerdo a la puntuación que obtengan en estos rankings. De esta forma se fomenta la competitividad entre profesionales, además de discriminar a los sectores más desfavorecidos porque las escuelas se volverán más selectivas y rechazarán a aquellos que puedan hacer bajar su clasificación, inmigrantes por ejemplo.

¿Dichas evaluaciones y los contenidos académicos vendrán marcados desde Madrid?

Pere Lirón (CGT): Sí, la nueva ley aumenta las competencias del Gobierno central en detrimento de las autonomías. El alumno que quiera obtener el título tendrá que aprobar la reválida que, como vendrá hecha desde Madrid, se asegurará de que toda España tenga que estudiar a los Reyes Godos.

También se quiere modificar el funcionamiento interno de los centros, dándole mayor peso a la figura del director. ¿Cuáles son las competencias que concentrará ahora este cargo?

Carme Jodar (CNT): Volveremos a un sistema autoritario en el que el director se encarga de la admisión de alumnos y de la composición de la plantilla del centro. Esto antes dependía de un sistema público de concurso pero ahora se saltan todas las garantías de igualdad y el director puede escoger unos perfiles de docentes determinados por sus criterios subjetivos, tal como sucede en las empresas.

Otro de los puntos polémicos de la ley es la eliminación de la inmersión lingüística en las comunidades con lengua cooficial ¿A qué creen que responde este cambio?

Pere Lirón (CGT): Se busca el monopolio del castellano y un trato diferenciado a la lengua cooficial dentro de la enseñanza, lo cual es un atentado al modelo de inmersión lingüística que en Catalunya lleva 30 años vigente.

Pedro Galiana (USOC): Realmente es una ley de confrontación, busca el conflicto donde no lo había.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias sociales de este nuevo modelo lingüístico?

Anna Montero (UGT): Si había inmersión era para no dejar que una lengua vehicular, como es el catalán, quedase en inferioridad de condiciones. Todos sabemos que el castellano tiene un espectro de uso mucho más amplio que el de la escuela, cuando sales a la calle es lo que más escuchas. Será más difícil para un alumno aprender catalán fuera del aula.

La mayoría de las fuerzas políticas de Catalunya han pactado un paquete de enmiendas para intentar blindar el modelo lingüístico en las aulas catalanas y las competencias de la Generalitat en el diseño de los planes curriculares. ¿Creen que este frente común forzará algún tipo de rectificación por parte del ministro?

Anna Montero (UGT): La consellera habla directamente de insumisión, no sólo como expresión de desacuerdo sino de inviabilidad. Plantear el tema de la lengua es desconocer la realidad de las escuelas del país, donde la dinámica es muy diferente a la que se pretende imponer.

¿Están de acuerdo con que la religión se vuelva asignatura obligatoria, tal como lo postula la LOMCE?

Pere Lirón (CGT): En absoluto. Esta ley nos retrotrae a los años 70, al período preconstitucional en el que se podía introducir las creencias religiosas en el currículum de una escuela. Es un atropello que viene desde el concordato firmado con el Vaticano en el año 53 y que los acuerdos Iglesia-Estado mantienen vigente. La laicidad es fundamental para que haya democracia en las escuelas.

Anna Montero (UGT): La historia sagrada tiene que ofrecerse dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y no ligada a una Iglesia que presenta su versión como verdad absoluta. Una cosa es la cultura y otra el adoctrinamiento.

Pedro Galiana (USOC): Antes que nada, que quede claro que no estoy a favor de la LOMCE. Pero quiero decir que hay padres, como yo, que quieren que su hijo estudie en la escuela la religión católica. Es un derecho que está en todas las leyes orgánicas y deseo ejercerlo. La solución es fácil: libre oferta de religión y una alternativa laica que esté al mismo nivel, las dos evaluables. Eso sí, que, evidentemente, no se obligue a nadie a hacer religión católica.

Con la eliminación de la selectividad y el incremento de reválidas en primaria y secundaria, ¿será más fácil o más difícil el acceso a la educación superior?

Carme Jodar (CNT): Más difícil porque, además de poner las nuevas reválidas, la ley permite que las universidades hagan sus propios exámenes de ingreso, con lo que podrá haber un doble filtro para entrar. Sin contar con otro muy importante: el económico. La educación superior estará reservada a una elite.

Pere Lirón (CGT): Sí, la ley lo dice expresamente cuando habla de la FP básica. Propone programas de cualificación profesional de dos años tras cursar 3º de ESO para alumnos con dificultades de aprendizaje, adaptación o situación socioeconómica desfavorable. Wert no sólo equipara pobreza y poca capacidad para el estudio, sino que además estos programas son una estafa porque otorgan un título de formación básica, que es el nivel más bajo en la escala de cualificación profesional acordada por la UE.

¿Son necesarias siete reformas educativas en 35 años?

Pedro Galiana (USOC): La educación es uno de los temas que quedaron abiertos en la transición y los políticos siguen siendo incapaces de llegar a un acuerdo. En este país la enseñanza está tan ideologizada que nos consta que cuando gane el PSOE la ley volverá a cambiarse, igual que teníamos clarísimo que la norma de Zapatero la iba a modificar el PP cuando ganara.  Nuestro sistema educativo ha fracasado. El porcentaje de alumnos que salen sin un título profesionalizado es menor del 50% y la causa fundamental es esta falta de consenso que nos obliga a los profesores a estar rehaciendo continuamente programaciones didácticas.

Carme Jodar (CNT): Estoy de acuerdo. Por eso tendríamos que autogestionar los centros, aunque manteniendo la titularidad pública porque entendemos que esa es la manera de garantizar el acceso a la educación para todos. Escuela pública sí, pero no dependiente de un Estado que impone leyes que lo cambian todo constantemente. Deberíamos crear un sistema lo más abierto posible, donde decidamos entre toda la comunidad educativa qué hacer y cómo aplicarlo.

Por otro lado, continúan los recortes presupuestarios a la escuela pública. ¿Cómo se notan estas reducciones en la labor diaria?

Pere Lirón (CGT): Desde el punto de vista de los alumnos, se siente en el aumento de un 20% en la ratio de alumnos por aula, que ha pasado de 25 a 30 en primaria y de 30 a 36 en secundaria.

Anna Montero (UGT): Otro problema es que se han dejado de hacer sustituciones. Ahora, cuando falta un profesor, se reparten los alumnos en distintos grupos o se los lleva el docente que está a cargo de una clase reducida, es decir, de aquella diseñada para chicos con dificultades. El resultado es que se deja de atender a los estudiantes más necesitados.

Carme Jodar (CNT): Además nos han sacado del sueldo las horas de trabajo en casa para la preparación de clases, con lo cual la calidad de la enseñanza evidentemente baja.

Se recorta en salarios y puestos docentes, se aumenta la ratio de alumnos por aula y, a la vez, se lanza una reforma que, según Wert, costará 408 millones de euros. ¿Cómo se explica?

Pere Lirón (CGT): Es otro de los despropósitos de esta ley, que está hecha sólo con la voluntad de crear enfrentamiento y es imposible de aplicar tal como está planteada.