La ley de RTVA nace con discordia

La nueva Ley de la Radiotelevisión andaluza (RTVA) nació ayer con el único respaldo parlamentario del PSOE, que gobierna la comunidad con el sustento de 63 de los 109 diputados autonómicos. El PP y el Partido Andalucista (PA) votaron en contra, mientras que IU se abstuvo. La oposición en bloque lanzó el mismo reproche a los socialistas: que no hayan logrado el consenso para la aprobación de una ley impulsada precisamente para aplicar un nuevo modelo que sacara a la radiotelevisión pública andaluza de la bronca política diaria sobre su parcialidad o imparcialidad.
Surgida al calor de la ley de RTVE, aprobada en junio de 2006 con el acuerdo de PSOE y PP, la nueva norma andaluza introduce como principal novedad el cambio en el sistema de designación del director general: hasta ahora, dependía del Gobierno andaluz; a partir de ahora, esa competencia corresponde al Parlamento andaluz. El nuevo método de elección no podrá estrenarse esta legislatura. Rafael Camacho, director general de RTVA desde 2000, seguirá de manera automática al frente del cargo al menos hasta el segundo trimestre del próximo año.
En 2004, el Ejecutivo de Manuel Chaves retiró un primer proyecto de reforma precisamente porque sólo preveía modificar el artículo referido a la elección del director general. El PSOE aduce que resultó del todo imposible negociar con el PP, que cada año enmienda el presupuesto andaluz en un intento por restar fondos a la empresa pública audiovisual. Los socialistas tampoco lograron atraerse a IU.
A diferencia de la ley estatal, que fija una mayoría cualificada de dos tercios, la elección del director general de Canal Sur sólo requerirá en segunda votación el sí de tres quintos de la Cámara si en la primera no obtiene el respaldo de dos tercios. Ambas leyes establecen que si transcurridos dos meses de la primera votación no hay acuerdo, bastará mayoría absoluta.
No es ésa la única diferencia de calado. Mientras que la ley estatal confiere al consejo de administración de la RTVE un papel ejecutivo y, por tanto, capital en la dirección de la corporación pública, el modelo andaluz continúa siendo netamente presidencialista. La dirección general de RTVA podrá ser desempeñada durante doce años por la misma persona; la de RTVE, sólo seis.
En el caso de RTVE los miembros del consejo de administración -12- poseen la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas, lo que significa que se hacen responsables a efectos legales de la contabilidad anual de la Corporación. En lo que respecta a RTVA, ningún precepto determina que los consejeros -15- sean responsables de las cuentas. Su aprobación compete al director general, que debe "informar" al consejo. Para 2008, el presupuesto de Canal Sur se cifra en 243.285.739 euros, de los que 176.855.279 procederán de subvención de la Junta de Andalucía.
En la tramitación de la ley, el PP propuso limitar a ocho el mandato de los miembros pertenecientes a los órganos de Canal Sur.

La ley estatal, más dura

Sobre los consejeros de RTVA, la ley dice sin más precisiones que deberán ser personas “de reconocida cualificación y experiencia profesional”. La norma sobre RTVE consigna que sólo podrán acceder al cargo las personas con “formación superior o de reconocida competencia” que en los cinco años previos hayan desempeñado tareas de gestión y alta dirección o hayan acreditado “relevantes méritos” en el ámbito de la comunicación.

Ni una sola palabra sobre retribuciones

La ley de RTVE asigna al Ministerio de Economía la tarea de fijar las retribuciones de los consejeros. En la RTVA, la ley no dedica ni una palabra al asunto y será el propio consejo el que siga aprobando los sueldos de sus miembros (36.000 euros netos) . IU pidió sin éxito que en ese caso y en el del director general  los señalara la Consejería de Economía.