No quieren que la búsqueda de sus seres queridos, asesinados por las balas y golpes franquistas, dependa de subvenciones estatales que salen a concurso. Tampoco entienden la relación entre los días que el Ejecutivo ha propuesto en su Ley de Memoria Democrática para homenajear a los represaliados, ni declara la nulidad de la amnistía de 1977. Tibia, timorata y tímida son los adjetivos que coronan, según las entidades memorialistas, la nueva norma redactada por la parte socialista del Gobierno. Aunque confían en que en fase parlamentaria el texto recoja algunas de sus demandas y aceptan que el actual mejora la norma de 2007, la aprobación de la proposición de ley tal y como está redactada supondría "seguir sin ofrecer justicia a las víctimas de la dictadura, y sin justicia no hay reparación, ni verdad, ni garantías de no repetición", en palabras de Jacinto Lara.

Él es el abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) y considera que la recién tramitada Ley en el Consejo de Ministros "presenta una serie de insuficiencias, sobre todo en materia de justicia, que son muy manifiestas". Según la opinión de este letrado, "el problema es que la ley no está orientada a reconocer la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y Transición".

Como prueba de ello, se refiere al protocolo de actuación en cuanto a la localización y exhumación de aquellas personas que se encuentran en situación de desaparición forzada: "El Estado pretende otorgar algunas subvenciones a asociaciones y familiares mediante concursos, pero lo que no podemos hacer es entrar en una especie de competición entre víctimas para conseguir esas dotaciones económicas cuando es el propio Estado el que debe asumir esa responsabilidad". Lara, al igual que las demás fuentes consultadas, ve como un acierto la introducción en el temario curricular el estudio de lo sucedido en España durante gran parte del siglo XX, pese a que "no deja de ser un aspecto sustraído a la sociedad en su conjunto durante estas cuatro décadas de democracia".

Discriminación entre las víctimas

El letrado, que pone el foco en la justicia, ve como un gran error no remover los obstáculos invocados en los juzgados y tribunales españoles para no investigar los crímenes del franquismo. "Seguiremos instalados en un modelo de impunidad que ya ha sido criticado por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", dice al respecto, concluyendo que la Ley, por el momento, es "timorata y tibia".

Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), resume así su parecer sobre la nueva norma: "Es una ley  que consolida la discriminación entre víctimas de diferentes violencias. En España hay unas víctimas de primera, como las del terrorismo, con todo tipo de atenciones por todos los poderes del Estado, y unas de tercera, las del franquismo". Además de discriminación, Silva ve cierto "menosprecio" en esa especie de cortafuegos que, a su juicio, el Estado ha puesto entre las víctimas del franquismo y él mismo, "lavándose las manos y buscando intermediarios en lugar de atender directamente a las víctimas".

"No hay nada más grave que detener a alguien ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver. Las víctimas del franquismo son víctimas de desaparición forzada. Por eso debería ser el Estado, a través de sus Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el territorio, quien se encargara directamente de la localización y exhumación de los miles de republicanos asesinados", se explaya el memorialista.

La Ley de Memoria Democrática también recoge la creación de un censo de víctimas: sus nombres, sus fechas. Para Silva, la idea se queda a la mitad: "La verdad es contar qué le pasó a esas víctimas y lo que hicieron quienes provocaron esas víctimas, así que vamos a hacer un censo de víctimas pero también de verdugos", enfatiza. Ya desde un análisis sociopolítico más global, el presidente de la ARMH defiende que esta proposición de ley no supone ninguna amenaza al estatus de los franquistas ni a quienes han aceptado voluntariamente heredar sus beneficios, aquellos nacidos de las apropiaciones a punta de pistola, robos y trabajo esclavo, parafraseándole. "La ley, demasiado tímida, no produce ninguna incomodidad al colectivo del franquismo que aún está vivo", resume el propio Silva.

La simbología de las fechas

El Gobierno, además, ha propuesto dedicar el día 8 de mayo para conmemorar el exilio español, pues ese mismo día en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. El 31 de octubre, mismo día que en 1978 se aprobó en el Senado y Congreso de los Diputados el texto que después sería refrendado por la ciudadanía, es la otra fecha señalada para recordar a todas las víctimas del franquismo. Silva, tajante, se muestra en contra de las dos: "Por mucho que todos nos alegremos de la derrota del nazismo, ¿qué narices tiene que celebrar un exiliado el 8 de mayo de 1945, cuando aún le quedaba más de 30 años de exilio?".

Respecto a la segunda fecha propuesta, el memorialista aduce que la aprobación en Cortes de la Constitución española nada tiene que ver con las víctimas del franquismo: "Esa Constitución es un relato en el que ni se condena la dictadura ni se menciona a las víctimas. Cualquier demócrata se puede alegrar de que hubiera un texto así redactado por un Parlamento nacido de unas elecciones tras una dictadura, pero para las víctimas del franquismo ese día no representa ningún plus. ¿Qué son, realmente, estas dos fechas? Son dos fechas inofensivas para los franquistas".

La ARMH, en este sentido, propuso varias fechas al Ejecutivo que consideraban más acertadas. Por ejemplo, el 12 de diciembre, ya que fue el día de 1946 en que la ONU condenó la dictadura franquista, o el 5 de agosto, ya que al alba de ese día en 1939, los militares fusilaron a las 13 Rosas. Asimismo, para recordar el exilio español, la data propuesta por parte de la Asociación fue el 22 de febrero, debido a que ese día en 1939 murió un reciente exiliado Antonio Machado.

Una ley insuficiente para conocer la verdad

"Esta ley viene a encolar el marco de la Transición y devolverlo a su sitio. Como se decidió entonces, a los franquistas ni se les molesta, ni se les juzga, si se les acusa. Es una vuelta de tuerca a la misma impunidad de siempre", critica el propio Silva. En sintonía con él se muestra Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, lugar de encuentro de casi un centenar de agrupaciones memorialistas. Pese a que menciona algunas medidas positivas, en su opinión el texto "cierra el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo". Desde su punto de vista, esto cambiaría si se declarara nula la Ley de Amnistía de 1977, asunto que debería ser una prioridad, defiende. Del mismo modo, "la nulidad de las sentencias franquistas, producidas por consejos de guerra sin garantías procesales, se recoge de forma muy laxa", agrega Peinado.

Él mismo añade otra crítica a la pretendida Ley de Memoria Democrática: "Hasta ahora hemos tenido un sistema de exhumaciones privatizados, donde no aparecía la justicia en ningún momento. Las Administraciones daban la subvención a las asociaciones o familiares y por allí no aparecía ni un juez ni la policía judicial. Una exhumación privada no da acceso a la verdad porque no demuestra lo que ocurrió, tiene que ser un juez el que lo dictamine. En esos casos se debe abrir un procedimiento penal, y hasta que eso no se haga se perpetuará la impunidad", desarrolla.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria, al contrario que la ARMH, sí se muestra a favor de reivindicar el 8 de mayo como conmemoración del exilio español. No así con el 31 de octubre, "que es como decir que cuando se aprobó la Constitución en Cortes terminó todo, lo que no deja de ser otro elemento de humillación y negación a las víctimas", en los términos de Peinado.
Por el momento, la mayor parte de las entidades que reivindican la memoria histórica en España se muestran críticas con el texto propuesto por el Ejecutivo. A pesar de ello, confían en la fase de tramitación parlamentaria. "Hemos hablado con algunas fuerzas políticas necesarias para que salga la Ley adelante y nos han dicho que empujarán en la línea de lo que nosotros defendemos. Por parte de Unidas Podemos, intentarán influir e introducir enmiendas –termina Peinado– sobre sus planteamientos porque ellos tampoco están absolutamente de acuerdo con lo redactado en la Ley".