El Juzgado del caso cooperación ve indicios para imputar al exconseller Rafael Blasco

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga una supuesta trama de malversación de fondos públicos de la Generalitat destinados a ayudas para cooperación internacional, ve indicios para "imputar hechos de naturaleza delictiva" al exconseller de Solidaridad Rafael Blasco.

En una resolución hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, el Juzgado pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la procedencia de elevar la causa a la Sala de lo Penal del TSJ ante esos indicios de hechos delictivos.

Además, pide a Les Corts Valencianes que acrediten la condición de diputado autonómico de Blasco, actual portavoz del grupo parlamentario popular.

La juez instructora de la conocida como "causa de la cooperación" había imputado hasta ahora a un total de 27 personas, las últimas cinco administradores de empresas que fueron detenidos la semana pasada y que quedaron posteriormente en libertad provisional.

En esa operación policial de la semana pasada, la juez autorizó entradas y registros en viviendas particulares y sedes sociales, ninguna de ellas en sede oficial.

El sumario, cuyo secreto quedó levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

Seis de los imputados ocupaban cargos de la Administración autonómica en el momento de su detención o declaración ante la juez, entre ellos el ex director general de Cooperación de la Generalitat Josep Maria Felip y el exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad Alexandre Catalá.

También formaba parte del Gobierno de la Generalitat la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad Dolores Escandell, que fue detenida y puesta en libertad, y el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Marc Llinares.

Las otras personas imputadas hasta hoy, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG, como el responsable de la Fundación Hemisferio César Augusto Tauroni, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, que van desde la presentación periódica en los Juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

En la investigación que dirige la juez están implicadas, al menos, seis ONG y son diecinueve los testigos a los que ya se ha tomado declaración.

La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la entonces Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía el actual portavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

Se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones, con facturas que, supuestamente, se hinchaban para justificar el dinero concedido.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, país éste último donde el supuesto desvío no se hizo efectivo.

En este momento de la instrucción, no se puede precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.

Durante el año de investigaciones judiciales, la juez ha acordado la práctica de pruebas tanto documentales principalmente como periciales (a través de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria).

También ha ordenado entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.