La Justicia argentina desembarca en España para investigar los crímenes del franquismo

El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires ha corroborado a Público la llegada a Madrid de la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, mientras que la querella celebra que a última hora se haya dispuesto el viaje del fiscal público Ramiro González.

La jueza estará en España dos semanas para tomar declaraciones procesales, en principio, a nueve testigos de la dictadura. "Vamos a tomar el testimonio de algunas personas que están impedidas de concurrir a los consulados argentinos, sea porque son de avanzada edad o porque no pueden pagarse un pasaje", adelantó a este diario el secretario de Servini, Alfredo Mangano. "Vamos a ir a la Audiencia Nacional a ver si autoriza la medida, pero no debería tener ningún problema porque son cuestiones probatorias".

El secretario de la magistrada, reacio en general a hablar con los medios de comunicación, explicó que la jueza visitará a los declarantes en sus propios domicilios, lo que implicará varios traslados por el territorio español. "Eso va a impedir que realicemos más visitas que contábamos con hacer. Lamentablemente, no da para todos", admitió.

Harán "inspecciones oculares en algunos lugares" como en un cementerio malagueñoAunque pueden surgir modificaciones en la agenda, el equipo argentino tiene pensado entrevistarse con dos testigos de Madrid, con otros tres en Sevilla, con una persona más en Miranda del Ebro (Burgos) y con tres más en Euskadi, en concreto, en Busturia y Etxebarria (Vizcaya). 

Mangano también confirmó que realizarán "inspecciones oculares en algunos lugares", uno de los cuales es el cementerio de San Rafael, en Málaga.

Viaje a la mayor fosa común de España

En el segundo de los cinco exhortos emitidos desde que comenzara la causa el 14 de abril de 2010, la jueza ya adelantaba su interés por este camposanto clausurado en 1987, en donde 4.471 personas fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes.

Por eso, el cementerio es considerado la fosa más grande de España: un panteón alberga los restos encontrados de 2.840 fusilados, exhumados entre 2006 y 2009.

Servini de Cubría reclamaba al Juzgado Decano de Málaga, en su notificación del 13 de diciembre de 2011, que informara sobre si se habían abierto "diligencias por las exhumaciones practicadas en el antiguo cementerio de San Rafael, Málaga, solicitando a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Málaga informen sobre las mismas".

También pretende acudir al Archivo Histórico Nacional de Madrid La magistrada recuerda este exhorto que quedó sin respuesta, y por ello ha decidido visitar ella misma el cementerio. También pretende acudir al Archivo Histórico Nacional de Madrid, tal y como ha ratificado el abogado argentino Máximo Castex, que impulsa la querella desde Buenos Aires y que acompañará a la jueza en sus trayectos.

"Servini pidió autorización para viajar mediante resolución fundada, y ésta fue autorizada, primero, por la Cámara de Apelaciones Federal de la que depende el juzgado de la magistrada, y en una segunda instancia, por la Corte Suprema", aseveró Castex.

El fiscal público toma parte activa en la causa

Además de la jueza, que estará asistida por dos secretarios de su juzgado, el fiscal público Ramiro González ha sido autorizado por la Procuración Nacional de Argentina a acompañarlos, según revela el representante de las víctimas. "Esto es una suerte de respuesta a las últimas resoluciones de la Audiencia Nacional. Ante su rechazo a las extradiciones, la respuesta de la Justicia argentina ha sido la de tomar más medidas y emprender más investigaciones", elogia Castex.

Ramiro González llegaría a España en los primeros días de la semana entrante. "Tengo conocimiento de que el fiscal presentó además un requerimiento fiscal de instrucción que elevó a la jueza", confía el abogado. En esa presentacion-acusación del fiscal, si bien no han trascendido detalles, se describen los hechos que investiga la causa, se individualiza a los responsables y se hace una mínima calificacion legal. "No ha pedido medidas por ahora, pero eso posiblemente venga con posterioridad al viaje", concluye Castex.