La jueza del espionaje del PP mete la marcha lenta

La jueza Carmen Valcarce, que investiga el presunto espionaje interno a altos cargos del PP madrileño, ha ordenado una prueba caligráfica para averiguar si alguno de los cuatro imputados que han declarado hasta ahora escribió los partes de seguimiento a Alfredo Prada, consejero de Justicia de Madrid hasta junio de 2008. El problema estriba en que, diez meses después de que estallara el escándalo y siete desde que se abrieron las diligencias, Valcarce ni siquiera ha citado a los otros cinco posibles implicados: tres ex policías y dos funcionarios empleados en el mismo departamento Interior al que estaban adscritos los imputados. La defensa de Prada ya pidió en mayo que los cinco comparezcan como imputados y que se les someta igualmente a una prueba caligráfica.

Hasta ahora han declarado tres ex guardias civiles y el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, a quien Aguirre destituyó tras destaparse el caso, aunque lo mantiene a sueldo de su Gobierno en calidad de asesor. Los ex guardias civiles declararon en julio que en los operativos"contravigilancia", dijeron tras sugerir la jueza y no ellos ese vocablo también participaban los tres ex policías que trabajaban con Gamón, quien, además, tenía bajo su mando a dos funcionarios.

Prada ya pidió cotejar la letra de los otros agentes al mando de Gamón

La magistrada, según explicó una fuente jurídica, ha solicitado las periciales de escritura relativas a los ex guardias civiles y a Gamón porque es a ellos a quienes señala el informe policial que determinó qué teléfonos móviles se encontraban en la misma área que Prada en los días en que se produjeron algunos seguimientos. "Esos cuatro son los importantes", aseguró la citada fuente, que no pudo precisar si la magistrada tiene o no previsto interrogar a los otros cinco posibles implicados.

El informe de posicionamiento de móviles sólo incluía datos de mayo de 2008, pese a que algunos partes de seguimiento se realizaron en abril. Telefónica adujo que sólo podía facilitar información con un año de antigüedad, ya que a partir de los 12 meses se destruyen los registros existentes.

Siete meses después de abrirse el caso, se ignora si habrá más imputados

El pasado 22 de septiembre, y mientras Gamón prestaba declaración judicial, Valcarce restó crédito al citado informe de posicionamiento telefónico. Cuando un letrado preguntó a Gamón por ese asunto, la jueza subrayó lo "complicado" de la cuestión y, segundos más tarde, se dirigió al abogado para afirmar lo siguiente: "Bueno, haga usted la pregunta. Pero no es muy de fiar el tema, ¿eh? Se lo digo para la persona que está declarando".

El segundo presunto espiado fue Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y ahora suspendido de militancia en el PP tras acusar al Gobierno de Esperanza Aguirre de haber montado "una gestapillo". Otra espiada colateral fue la diputada del PP Carmen Martínez Flores su matrícula apareció en un parte, cuya personación como acusación popular ha aceptado finalmente la jueza.

Según fuentes del caso, la Fiscalía ya reclamó que la Comunidad de Madrid aportase las matrícula de los vehículos usados por los agentes de Gamón. Según las mismas fuentes, no ha habido respuesta.