El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado este jueves imputar a otros 10 empresarios que aparecen en la lista de donantes del Partido Popular de acuerdo a los 'papeles de Bárcenas'. El instructor admite así parcialmente una ampliación de la querella inicial planteada por Izquierda Unida, aunque no acepta imputar a los exsecretarios generales del partido Francisco Alvarez Cascos y Angel Acebes, ni tampoco a otros seis empresarios, entre ellos el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y el empresario y ventrílocuo José Luis Moreno.

Los diez nuevos imputados han sido citados a declarar los próximos 15, 16 y 17 de enero. Se trata de Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; Cecilio Sánchez, exdirector comercial de FCC; Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia; José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño; Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas; Antonio Pinal, presidente consejero delegado de Bruesa; Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones; Ramón Aigé, presidente de Sorige-Acsa; y Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y administrador único de Asedes Capital.

Ruz ha aceptado parcialmente en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la ampliación de querella solicitada por Izquierda Unida (IU), personada en la causa, al considerar que en el actual estado de la instrucción aún está pendiente la elaboración de informes policiales sobre 'la vinculación entre los supuestos pagos atribuidos a los empresarios a favor del PP y los contratos o adjudicaciones públicas que hubieren sido otorgados en relación a esas prestaciones económicas'.

En un auto hecho público este jueves el juez ha admitido también citar a declarar como testigo al presidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, por su vinculación con la empresa Sedesa, que figura entre las compañías que donaron fondos a los 'populares' reflejadas en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los querellantes también pidieron la imputación de Acebes y Cascos por los delitos de asociación ilícita, alteración del precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y delito contable, en relación que las responsabilidades que desarrollaron como ministros en los Gobiernos de José María Aznar (el primero entre 1990 y 2004 y el segundo entre 1999 y 2008).

En el caso de Álvarez-Cascos, el juez instructor desestima la petición de IU y el resto de asociaciones indicando que, al ser diputado en el Parlamento asturiano y ser aforado, correspondería la investigación al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma, 'sin necesidad de entrar en mayores consideraciones de fondo'.

En relación con Acebes, que fue secretario general del PP entre 2004 y 2008, Ruz señala que 'no se justifica en forma suficiente' la relación entre las anotaciones contables de los 'papeles de Bárcenas' y las imputaciones que realizan los querellantes, por lo que no existen 'indicios o visos de responsabilidad criminal'. En este sentido, explica que los hechos denunciados podrían encontrarse 'prescritos' o , en el supuesto de acreditarse su veracidad, no resultarían 'constitutivos de infracción penal'.

'No existen hasta el momento elementos indiciarios adicionales, ni tampoco se aportan en el escrito de ampliación, que determinen la eventual participación y responsabilidad del mismo en los delitos atribuidos por la acusación popular', señala el auto.

El magistrado ha rechazado, además, la imputación de otras seis personas, entre ellas el marido de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y el exgerente del PP de Galicia Ángel Piñero. Tampoco imputa al empresario audiovisual José Luis Moreno y otros tres directivos --Lucio Moreno, Pilar Pulido y Ángel Salado-- 'al no concurrir en estos casos indicio alguno de responsabilidad penal'.

El auto ordena al Registro Público de Contratos que aporte certificación de los contratos realizados con las empresas relacionadas con los nuevos imputados y pide a la Policía que le informe sobre sus actividades.