El juez de la Audiencioa Nacional Pablo Ruz ha impuesto medidas cautelares al exinspector de Policía Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas,  en tanto se tramita la petición de extradición solicitada por la Justicia de Argentina, donde están reclamados por delitos de torturas cometidos en los últimos años del franquismo.

El juez  acuerda la libertad provisional para los dos con las medidas cautelares que ha solicitado el fiscal: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado y obligación de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se reformara su situación. El objetivo es que no puedan sustraerse a la acción de la justicia mientras se decidee si procede su extradición.

Según fuentes judiciales, el juez les ha informado de los hechos por los que les reclama Argentina (por torturas cometidas entre 1971 y 1975 contra 13 personas en el caso deBilly el Niño,  y 1 persona en el caso del ex guardia civil, en 1968) y les ha preguntado si aceptan ser entregados. Tanto González Pacheco, de 67 años, como Muñecas, de 74, se han negado a ser extraditados a Argentina.

Sus respectivos abogados, en el trámite de rechazo a las medidas cautelares impuestas, han destacado que están perfectamente localizables en España, donde tienen arraigo, y, entrando en el fondo del asunto --que hoy no se resolvía-- han destacado que las imputaciones que se les formulan estarían prescritas y afectadas por la Ley de Amnistía de 1977.

Jesús Muñecas ha tomado además la palabra ante el juez, leyendo un escrito, para negar haber infligido torturas a un detenido en una operación contra ETA en 1968 en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa). Ha explicado que en aquella época era teniente y que no participó en la desarticulación donde fue arrestado Andoni Arrizabalaga, la persona a la que está acusado de torturar. El capitán sí admitó haber tomado parte en la golpe del '·-F de 1981, junto a Antonio Tejero, por lo que cumplió condena de cinco años de prisión.

La posición de la Fiscalía, solicitando medidas cautelares, responde a evitar que los dos reclamados puedan fugarse mientras se resuelve su extradición, pero no prejuzga su posición de fondo sobre la entrega. En un trámite anterior,  cuando se opuso a la petición de la jueza argentina María Servini, para que fuesen detenidos, sí avanzó que consideraba que los hechos estarían prescritos y además afectados por la Ley de Amnistía. 

El juez les ha impuesto las citadas medidas cautelares para ' impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial internacional'. En los autos de imposición de dichas medidas, el magistrado recuerda que el delito de torturas es castigado tanto en Argentina (con una pena de entre 8 y 25 años de prisión), como en España (con hasta 6 años de cárcel), y que los dos reclamados se han negado a ser extraditados, lo que hubiera acelerado la entrega.

Además, señala que continúa vigente la orden de detención internacional dictada por la juez Servini contra ambos el pasado mes de septiembre. Aunque la Fiscalía no pidió prisión para ninguno de ellos, Ruz destaca al respecto que los dos tienen arraigo familiar, social y de residencia en España.

Billy el Niño y el exguardia Muñecas son reclamados después de que el viernes pasado el Consejo de Ministros acordara continuar su extradición a petición de la jueza argentina María Servini.

Tras la decisión de hoy de Ruz, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que acuerde, en los próximos meses, si procede o no la extradición. Si no la concede, sería una decisión vinculante para el Gobierno, pero si autoriza la entrega, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra y podrá no llevarla a efecto.

González Pacheco es inspector de Policía jubilado, mientras que Muñecas también está retirado de la Guardia Civil. Como consecuencia de su condena, fue inhabilitado para ostentar cargos en el Cuerpo pero no perdió el empleo, según fuentes jurídicas.