Jueces y fiscales progresistas piden despenalizar la eutanasia y ampliar aborto

Las organizaciones españolas de jueces y fiscales progresistas han reclamado este miércoles que se reforme el Código Penal para despenalizar la eutanasia y que se modifique la ley del aborto para complementar los actuales supuestos con un sistema de plazos.

Así lo han acordado las ejecutivas de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de Jueces para la Democracia (JpD), que han celebrado en Barcelona su reunión anual para plantear propuestas de reforma en función de las necesidades que detectan en el día a día de su labor.

En el documento pactado, ambas organizaciones progresistas estiman que "ya es hora" de reformar el Código Penal para despenalizar la eutanasia a fin de poder garantizar el derecho "a una muerte digna en casos de graves sufrimientos no evitables a causa de enfermedades incurables".

También denuncian la "escasa voluntad política" de las administraciones
para aplicar y desarrollar la Ley de Dependencia

También reclaman que se "destierre definitivamente" del debate político-criminal la medicina paliativa para evitar "indeseables confusiones" con la eutanasia, así como que se reforme la ley del aborto, porque "ha devenido insuficiente por la falta de seguridad jurídica" tanto para las mujeres como para los médicos.

En concreto, abogan por un sistema de plazos que sea respetuoso con el derecho de la mujer a decidir en las primeras semanas de embarazo, de forma complementaria a una reformulación de los supuestos actualmente previstos por ley para poder dar solución a los casos justificados detectados fuera de plazo.

El documento, que han presentado en rueda de prensa el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Jesús Sánchez-Ulled, y el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, también reclama que la sanidad pública garantice en todo el país la práctica del aborto en los supuestos legales, sin contemplar "invocaciones genéricas a la objeción de conciencia" por parte de los médicos.

Según han explicado Sánchez-Ulled y Gimeno, estas "inadmisibles" invocaciones a la objeción de conciencia para evitar practicar una interrupción del embarazo han privado a muchas mujeres de su derecho de acceso a la sanidad pública, por lo que han tenido que recurrir, las que se lo han podido pagar, a la sanidad privada.

En el documento, que será enviado al Ministerio de Justicia, a los departamentos de Justicia de todas las autonomías, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial, los jueces y fiscales progresistas también denuncian la "escasa voluntad política" de las administraciones, especialmente de algunas autonomías, para aplicar y desarrollar la Ley de Dependencia, lo que provoca "graves perjuicios" a los dependientes.

Otros casos

Los jueces y fiscales progresistas también han advertido de que la actual situación de crisis económica, con la correspondiente necesidad de fomentar la actividad económica y el empleo, puede suponer el riesgo de que se "relajen" los criterios para las declaraciones y evaluaciones de impacto ambiental, tanto para obras privadas como públicas.

En cambio, constatan que de forma "paradójica" la crisis ha frenado la comisión de delitos urbanísticos, por lo que estiman que ahora podría ser "un buen momento" para mejorar la configuración técnica de los tipos penales existentes para perseguir estos delitos, ya que actualmente son "deficientes".

Además, en la línea de las quejas expresadas tras la sanción impuesta al juez del caso "Mari Luz", reclaman que "de una vez por todas" los servicios de inspección del Poder Judicial y de la Fiscalía no se limiten a la sanción de errores reprobables, sino que también desarrollen su tarea de diagnóstico y prevención para "detectar y corregir disfunciones".