Islandia juzga a su ex primer ministro por no evitar la burbuja financiera

Geir Haarde se convirtió el martes en el primer ex jefe de Gobierno europeo que se sienta en el banquillo de los acusados por su responsabilidad en el estallido de la crisis financiera de 2008. No por lo que hizo después de que se produjera, sino por lo que no hizo antes: impedir que los tres grandes bancos del país se embarcaran en una loca carrera especulativa que acabó con la autodestrucción de todo el sistema financiero de Islandia.

El fiscal presentó los cargos ante el tribunal en la primera vista preliminar. El juicio propiamente dicho no comenzará hasta septiembre.

Haarde negó las acusaciones y declaró que se trata del primer juicio político de la historia del país: “Los cargos son ridículos, especialmente por el hecho de que las decisiones tomadas por mi Gobierno antes de la crisis han resultado ser las correctas”.

El ex primer ministro, del conservador Partido de la Independencia, es el primer político que debe rendir cuentas ante el Landsdomur, un tribunal especial creado en 1905 para juzgar a políticos aforados.

Cuenta con 15 miembros: cinco jueces del Tribunal Supremo, el presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos elegidos por el Parlamento que suelen ser diputados.

El fiscal presentó dos cargos contra Haarde. En primer lugar, se le acusa de no haber tomado medidas “con el propósito de impedir los daños previsibles para los fondos públicos” a causa de la crisis financiera.

Haarde debe rendir cuentas por no haber controlado el sistema financiero y evitado que los tres bancos (Glitnir, Kaupthing y Landsbanki) se convirtieran en gigantes que arrastraron a la economía del país en su caída.

En 2003, los activos de las entidades suponían un 174% del PIB de Islandia. Ese porcentaje ascendió al 744% en 2007.

Ante la complacencia del Gobierno, los bancos multiplicaron su negocio con el único recurso de la llegada masiva de capital extranjero, atraído por remuneraciones astronómicas del dinero en una época en que los tipos de interés estaban en niveles muy bajos.

A lo largo de esos años, la economía había crecido una media anual del 5,5%, en buena parte gracias a la burbuja financiera.

La segunda acusación reprocha al ex primer ministro no haber cumplido el deber constitucional de convocar reuniones del Gobierno sobre asuntos relevantes. “Durante este periodo, hubo pocas discusiones en las reuniones ministeriales sobre el peligro inminente ni en las actas aparecen referencias acerca de estos asuntos”, dice la fiscalía en el auto de acusación.

Dos semanas de protestas populares frente al Parlamento terminaron provocando la dimisión del Gobierno de Haarde, que además abandonó la política por razones de salud. Le habían diagnosticado un cáncer.

Las elecciones de 2009 llevaron al Gobierno a una coalición de socialdemócratas e Izquierda Verde, encabezada por Jóhanna Siguroardóttir, la primera mujer en dirigir el Gobierno. El partido de Haarde perdió diez puntos y quedó en segunda posición.

Lo que Haarde ha llamado una “sátira política” se inició cuando el Parlamento posterior a esos comicios ordenó una investigación del desastre financiero. Una comisión independiente llegó a la conclusión de que se había producido una “negligencia extrema”.

Acusó a Haarde y al gobernador del banco central de ocultar información clave a los demás ministros, incluido el de Hacienda. El responsable del Banco de Islandia era el ex primer ministro David Oddsson, un adepto a las teorías de Milton Friedman sin formación económica que había llevado a cabo la completa liberalización del sistema financiero en un mandato anterior.

Por 33 votos a 30, el Parlamento ordenó el procesamiento de Haarde, pero no de los ministros del área económica que también fueron muy criticados en el informe de la comisión.

Haarde fue elogiado por su decisión de proteger los depósitos de los islandeses, pero no los activos de los departamentos de banca de inversiones. Sin embargo, no tenía otra opción porque las cantidades adeudadas superaban con mucho la riqueza del país.

La medida provocó la ira de los gobiernos británicos y holandés que reclamaron a Islandia la restitución de las inversiones de sus ciudadanos e instituciones que habían confiados en los bancos islandeses.

En dos referendos –el último en abril de este año–, los islandeses rechazaron devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros, una cantidad que supone la tercera parte del PIB del país.

Geir Haarde es un típico representante de la élite del país que ha gobernado Islandia desde que el país se separó de Dinamarca en 1944. El conservador Partido de la Independencia ha aportado la mitad de los primeros ministros, en parte gracias a su tradicional fortaleza entre pescadores y clases agrarias.

Haarde, de 60 años, orientó su carrera desde el principio a la economía. Estudió en EEUU y luego comenzó a trabajar como economista en el Banco de Islandia. Luego ascendió todos los peldaños del poder; diputado, ministro de Hacienda de 1998 a 2005, ministro de Exteriores durante dos años y después jefe de Gobierno.

En esa época, trabajó cerca del primer ministro Oddsson en aplicar un proceso liberalizador a la economía islandesa. Por entonces, dos terceras partes de las exportaciones del país venían de la industria pesquera.

Oddsson y Haarde impulsaron la industria financiera bajo un esquema regulador en el que los bancos podían hacer prácticamente lo que quisieran.

En los años inmediatamente anteriores a la crisis, y ya con Haarde como primer ministro, los avisos sobre un modelo económico insostenible se multiplicaron. Haarde no tuvo problemas para despreciarlos porque la mayoría venía del exterior.

El mayor banco danés, Danske Bank, publicó un informe en 2006 que advertía de que el sistema financiero estaba creciendo a un ritmo enloquecido.

En mayo de 2008, un prestigioso economista de la universidad de Chicago visitó el país. “Les doy nueve meses. Sus bancos están muertos”, dijo Bob Aliber.

El Gobierno no reaccionó. “Podríamos haber creado el pánico si hubiéramos dado la voz de alarma”, dijo Haarde cuando le preguntaron por qué no había hecho nada.