El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid ha anulado una multa a un activista que denunció las redadas a inmigrantes al considerar que los agentes 'infringieron el principio de presunción de inocencia'. Así lo admite la sentencia, a la que ha tenido acceso Público, en la que sin embargo se desestima que en esa sanción se violasen otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o asociación.

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), un colectivo que se dedica a documentar y denunciar los controles racistas, interpuso en septiembre una demanda contra la Delegación del Gobierno en Madrid por considerar que se habían violado derechos fundamentales de uno de sus activistas cuando trató de denunciar estas prácticas policiales en el barrio de Lavapiés el 21 de diciembre de 2010.

'Es importante que la declare nula y no improcedente. La juez admite que la Delegación vulnera derechos fundamentales y sienta un precedente ante sanciones futuras', ha dicho en rueda de prensa Nerea García, abogada de las Brigadas Vecinales.

No obstante, aunque el colectivo reconoce que la sentencia les es 'favorable', ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por entender que 'no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba', como consideraba la demanda de las Brigadas.

'Se está utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con una finalidad partidista y para criminalizar a los movimientos sociales. Y se está haciendo a través de la burorrepresión', ha dicho el abogado de Legal Sol Juan Rubiño. 'Por eso hemos decidido pasar de la vía pasiva a la vía judicial y reclamar nuestros derechos fundamentales', ha añadido.

Según Rubiño, desde mediados de 2011 a mediados de 2012 se contabilizaron 998 sanciones a movimientos sociales por una cuantía total de 300.000 euros. Sólo las Brigadas Vecinales, desde su nacimiento en 2009, han tenido que hacer frente a 9 multas y a la apertura de un procedimiento penal contra ellos del que finalmente fueron absueltos.

'Al demandar por la vulneración de derechos y no sólo por la multa, estamos exigiendo a los juzgados que se pronuncien', señaló Nerea García, que recordó que este procedimiento 'es más rápido, no conlleva tasas y no necesita de un procurador'. 'Queremos arrancar resoluciones judiciales que impliquen derechos fundamentales. Necesitamos que los jueces se impliquen', dijo.

La semana pasada, un informe elaborado por investigadores del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y de la Universidad de Oxford, reconocía que la Policía en España 'realiza miles de identificaciones cada día, muchas por perfil étnico'. En concreto, los gitanos son identificados diez veces más que las personas de rasgos caucásicos; los magrebíes 7,5 veces más y los afro-latinoamericanos 6,5 veces más. Según el estudio, un extranjero tiene hasta tres veces más posibilidades de ser parado en plena calle que un español.