Los indígenas se rebelan contra el proteccionismo excluyente de países ricos

La alianza de pueblos indígenas del Amazonas y de países africanos y asiáticos, ha alertado de que los planes para combatir el cambio climático de los estados "ricos", por medio de la protección del bosque tropical, con el comercio de las emisiones, les excluye y no respeta los derechos sobre sus tierras.

Amazon Alliance y Forest Peoples Programme, dos entidades que aglutinan a líderes de comunidades forestales de 5 países del Amazonas, la República Democrática del Congo e Indonesia, han pedido hoy en el Congreso Mundial de la Naturaleza que se celebra en Barcelona, un papel más destacado a la hora de fijar las condiciones de este mecanismo de control del cambio climático, propuesto por los estados desarrollados o "países" donantes.

Los líderes indígenas consideran que el instrumento para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, "socava" sus derechos de propiedad sobre la tierra.

Denuncian que los más de mil millones de pobres que dependen de estos recursos se enfrentan "a un desastre económico y cultural" si el esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no respetan sus derechos.

"Sentimos la presión creada por el cambio climático, por las exigencias de los conservacionistas de que no usemos nuestros bosques con ánimo de lucro, y por empresas privadas con licencias gubernamentales para extraer minerales, agua y biocombustibles de terrenos que han sido nuestros durante generaciones," ha asegurado el presidente de la Asociación de Pueblos Amerindios, Tony James.

James se pregunta "¿a quién pertenecen estos derechos? y ¿qué impacto tendrán sobre nosotros?".

Durante la asamblea del Congreso -considerada el "parlamento planetario" del medio ambiente- los miembros del UICN, en su mayoría gobiernos y organizaciones ecologistas, votarán diversas mociones de apoyo a la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y las comunidades forestales para que éstas jueguen un papel decisivo en la negociación de cualquier iniciativa "que afecta a sus vidas y a sus posibilidades económicas".

Diversas previsiones apuntan a que en 2030, el planeta necesitará un mínimo de 515 millones de hectáreas más para atender a la agricultura, los biocombustibles y los productos madereros: una cifra que duplica la cantidad de terreno disponible.

Para la representante del RRI, Augusta Molnar, los esfuerzos para conservar bosques "son más una amenaza que una ayuda" para los habitantes de estas zonas.

Aunque los líderes indígenas aplauden el compromiso de los estados para mitigar el cambio climático, tienen sus reservas ante la forma en cómo se están llevando a cabo las negociaciones para aplicar estas medidas.

"Cuando nuestros gobiernos aprueban la reducción de gases de efecto invernadero mediante una moratoria sobre la deforestación, ¿significa que los directores de parques nacionales podrán expulsarnos de nuestro territorio?" cuestiona Sinafasi Makelo, de Dignité Pygmée, que representa a los pigmeos congoleños.

Los defensores de los pueblos indígenas creen que éstos sólo podrán beneficiarse de los "mercados de emisiones" con el nuevo derecho descrito en la Declaración de las Naciones Unidas, que establece su derecho "al consentimiento libre, previo e informado".

Pepe Acacho, un indígena ecuatoriano que preside la Federación Interprovincial de Centros Shuar, advierte que las agencias de conservación no suelen cumplir sus compromisos con estos pueblos.

"Vemos mucha retórica y poca defensa real de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas," afirma Acacho, mientras que Jorge Furagaro, un indio huitoto que preside la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, ha exigido una solución al problema de la propiedad y de la autodeterminación.

Precisamente, en Colombia, varias empresas están recibiendo derechos de propiedad sobre terrenos forestales para plantaciones de aceite de palma, y grupos conservacionistas están delimitando terrenos ancestrales para crear parques naturales, mientras las comunidades forestales se quejan de que no tienen donde acudir para hacer valer sus derechos, una situación similar a la que se produce en Bolivia o en Ecuador, denuncian las mismas fuentes.