Las huellas de ADN relevan a las dactilares contra el crimen

rio que el sospechoso toque el piano. Es decir, tomarle sus huellas dactilares. Los delincuentes han aprendido a ponerse guantes y las pruebas de ADN se han convertido en fundamentales en los últimos años. Desde hoy, una ley regula este tipo de pruebas que permitirá compartir una base de datos que facilite la búsqueda de violadores, ladrones, asesinos...

La Policía Nacional y la Guardia Civil acumulan 45.000 perfiles genéticos en sus archivos. De ellos, 6.000 están identificados. "Tienen nombre y apellidos", aclara Antonio del Amo, jefe del servicio de policía científica. El resto, 39.000, están relacionados con posibles criminales sin identificar. "Con la base de datos única que entra ahora en vigor estimamos que pueden resolverse unos 5.000 delitos anuales", calcula Del Amo.

Novedad de la ley

Las pruebas de ADN se utilizan en España desde hace aproximadamente diez años. Sin embargo, no había una ley que regulase para qué tipo de delitos podía exigirse esta prueba. Lo novedoso del marco legal es que especifica cuáles son los delitos en los que el agente puede exigir una prueba genética. Son los relacionados con la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual, la integridad de las personas, el patrimonio (robos con intimidación y violencia) y el crimen organizado (que incluye al terrorismo).

Eso sí, la ley entra en España con años de retraso. "En otros países plantean incorporar más avances de las técnicas biométricas que permitan conocer el color de ojos, piel o cabello", describe Del Amo. Los perfiles, de momento, sólo identifican el sexo de la persona y lo diferencian de cualquier otro. "No especifica ningún dato personal como enfermedades congénitas", añade. Es una de las premisas del tratado de Prüm firmado por España en 2005 que compromete los ficheros sólo para la persecución de delitos.