Guatemala hace frente a tres décadas de impunidad

La condena a 150 años de prisión emitida por un tribunal penal de Guatemala en contra de un ex militar, por la desaparición de seis indígenas durante la guerra interna de este país, abre hoy las esperanzas de Justicia en los familiares de las 45.000 personas que aún permanecen desaparecidas.

Después de un juicio que se prolongó por más de 17 meses, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Chimaltenango, ubicada a 60 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, declaró la noche de este lunes culpable del delito de desaparición forzada al ex comisionado militar Felipe Cusanero.

Tras analizar los más de 2.500 folios que contenían las pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito de Chimaltenango, y luego de escuchar a más de una veintena de testigos de cargo, los miembros del tribunal hallaron culpable a Cusanero de la desaparición forzada de seis indígenas ejecutada por miembros del Ejército guatemalteco en los años ochenta.

Se trata de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena Chajchaguin, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí, quienes fueron secuestrados por un grupo de militares entre noviembre de 1982 y octubre de 1984, en la aldea Choatalum, del departamento de Chimaltenango.

Los familiares de las víctimas, apoyados por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), emprendieron la titánica lucha en busca de justicia el 9 de junio de 2003, cuando presentaron la denuncia por desaparición forzada de sus parientes, en contra de Cusanero.

Durante la guerra más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 fueron desaparecidas

Según declararon los testigos durante el juicio, Cusanero, quien en los años ochenta se desempeñó como "comisionado militar" -un grado que era concedido por el Ejército a civiles para que vigilaran a los ciudadanos-, personalmente detuvo a los seis desaparecidos, a quienes acusó de guerrilleros y los entregó al destacamento militar del lugar.

El 10 de marzo del año pasado, cuando se inició el juicio en contra de Cusanero, María Yool, esposa de Alejo Culajay, dijo que el 23 de noviembre de 1983, el procesado se llevó por la fuerza a su esposo al destacamento militar.

"Al día siguiente lo fui a buscar (a Cusanero) para preguntarle por mi esposo, y me dijo que 'a ese ya le dimos aguacate' (lo matamos). Después fui al destacamento a preguntar por mi esposo y los soldados me dijeron que no lo tenían, y que ya no regresaría", relató Yool, una mujer indígena de 56 años, madre de tres hijos.

Cusanero, quien sólo admitió declarar en una sola ocasión durante las más de doce audiencias del juicio -para declararse inocente de los cargos-, se ha convertido en el primer condenado por el delito de desapariciones forzadas en Guatemala.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el auspicio de las Naciones Unidas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la guerra interna de 36 años (1960-1996), determinó en su informe presentado en febrero de 1999, que en ese período más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 fueron desaparecidas. La mayoría de ellas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El Tribunal de Sentencia de Chimaltenango, en su fallo también ordenó a la Fiscalía de ese departamento continuar las investigaciones en contra de dos ex oficiales del Ejército, antiguos jefes del condenado, para determinar la responsabilidad "material e intelectual" de éstos en la desaparición de estas víctimas.

La sentencia en contra de Cusanero "sienta un procedente legal"

La Justicia guatemalteca conoce desde hace más de diez años, unas trece demandas penales en contra de altos jefes militares y de la desaparecida Policía Nacional de este país centroamericano, por el delito de desaparición forzada, el cual fue incluido en la legislación local en junio de 1996.

Esta es la primera que ha llegado a una sentencia firme. Las otras se encuentran estancadas debido a diversas recursos legales presentados por la defensa par dilatar los procesos.

Mario Minera, director de CALDH, dijo a medios locales que la sentencia en contra de Cusanero "sienta un procedente legal", y "reaviva las esperanzas de justicia" que albergan los familiares de los miles de desaparecidos.