Grecia acelera las privatizaciones y no descarta hacer más ajustes

Atenas acelera el proceso de privatizaciones y de venta de otros activos públicos. El ambicioso plan que el Gobierno griego aprobó a finales del junio se pone ya en marcha con en fin de ingresar unos 2.000 millones de euros hasta finales de noviembre y 5.000 millones antes de enero. De esta cantidad se han ingresado ya 400 millones por la venta de una parte de la compañia telefónica OTE. Y ahora se ponen en venta unos 35 inmuebles del Estado.

En la lista de los edificios que se quieren colocar figuran propiedades de los Ministerios de Sanidad, de Educación y de Justicia, varios centros de la Agencia Tributaria, un centro comercial y el edificio de la Dirección General de Policía en Atenas, que ocupa una superficie de unos 25.000 metros cuadrados. El mercado inmobiliario griego también está a la baja, pero para el próximo mes se espera la llegada de inversores alemanes que podrían estar interesados en estos edificios.

Aunque gran parte de la prensa griega, los partidos de oposición y los sindicatos acusan al Gobierno de venta por liquidación de los activos públicos, el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, no descarta tener que aprobar aún más medidas de austeridad, después del drástico paquete anunciado la semana pasada, que afecta al empleo, los sueldos y las pensiones de los trabajadores públicos.

Desde Washington, el ministro heleno declaró que "el país hará lo que sea necesario" para cumplir con sus objetivos de reducción del déficit público y evitar la quiebra. "Estamos dispuestos a tomar todas las iniciativas necesarias, haciendo caso omiso al posible costo político" dijo Venizelos.

Al mismo tiempo, el portavoz del Ejecutivo, Ilias Mósialos, declaró que "si se aprueban las leyes para aplicar las medidas anunciadas, no habrá ningún problema con el desembolso del sexto tramo de ayudas [pendiente de entregar]. "Mientras la negociación este en marcha y dada la situación de la economía, debemos estar abiertos a todos los escenarios. Al fin y al cabo, nuestro deber es que Grecia permanezca en la eurozona", agregó.

Nuevos paros y protestas a lo largo de la semana contra los nuevos recortes 

Atenas sigue negociando con la llamada troika (la Comisión Europea, el BCE y el FMI) las condiciones para poder acceder al nuevo tramo del plan de rescate, de 8.000 millones de euros, que es esencial para que el país pueda pagar pensiones y sueldos públicos en octubre. La marcha de estas negociaciones fue analizada ayer en un encuentro en Washington entre Venizelos y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Según el organismo internacional, los técnicos negociadores de la troika volverán esta semana a Atenas para desbloquear el desembolso de los 8.000 millones.

En paralelo, el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, tiene previsto reunirse mañana con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. En una entrevista ayer en televisión, Merkel insistió en que hay que evitar que Grecia pueda suspender pagos, porque ello aumentaría la desconfianza en la eurozona, y podría provocar un efecto en cadena como el que sucedió tras la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, que fue el detonante de la crisis actual. "No podemos destruir la confianza de los inversores y llegar a una situación en la que piensen que, si hemos dejado que pase con Grecia, sucederá lo mismo con España, con Bélgica o con cualquier otro país", dijo. La canciller defendió la necesidad de que los países de la moneda única aprueben el reforzamiento del fondo de rescate (el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, como se le conoce oficialmente) para evitar que los problemas de Grecia se extiendan a otros países.

Por su parte, Papandreu, en un escrito dirigido a la Internacional Socialista, se queja de la lentitud y de la división en la UE a la hora de abordar la crisis de la deuda soberana y reclama a sus socios europeos "decisiones estratégicas".

Mientras, siguen las protestas. Ayer, la plaza de Sýntagma, justo delante del Parlamento griego, volvió a ser escenario de manifestaciones y disturbios. Los indignados se concentraron para manifestar su oposición a los recientes recortes de sueldos y la subida de los impuestos. La protesta terminó con incidentes y enfrentamientos cuando un grupo de los manifestantes intentó interrumpir el tráfico y la Policía intentó evitarlo haciendo uso de botes de humo.

Para hoy está convocada una nueva jornada de paro en el transporte público, y para mañana y el miércoles se ha convocado otra huelga de los taxistas, que protestan contra la liberalización de su profesión incluida en el plan de ajustes de junio pasado.

El ajuste está provocando el desplome de la imagen del Gobierno socialista del Pasok. Según dos encuestas publicadas ayer en la prensa griega, si se celebrasen elecciones hoy, el partido conservador de Nueva Democracia ganaría un 21,3% de los votos, dejando a los socialistas al segundo lugar con un 15,5%.