Grande-Marlaska cita a los ex ministros Trillo y Bono como testigos

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado hoy a los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono a declarar como testigos en la causa en la que investiga la contratación del avión Yak-42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003.

Así lo ha acordado el magistrado -que en junio pasado archivó la causa pero al que la sala de lo penal ordenó el pasado martes seguir investigando- en una providencia notificada hoy en la que cita a otros 9 testigos para los días 13 y 14 de febrero y da a Trillo y a Bono la posibilidad de prestar declaración por escrito si así lo desean, sin fijar una fecha precisa para su comparecencia.

Grande-Marlaska requiere a los dos ministros, a fin de que cada uno de ellos "manifieste si comparecería ante esta sede judicial para recibirle declaración en calidad de testigo en relación a los hechos referidos a la contratación del Yakolev-42, o si, en su caso, se limitaría a emitir informe sobre los hechos".

Los testigos que hoy ha citado el juez habían sido solicitados por la Fiscalía y por la asociación de familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42.

El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre Sintes; el ex general jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON) Juan Luis Ibarreta -que en febrero de 2002 había firmado con la agencia de la OTAN llamada NAMSA el contrato del avión-; y el máximo responsable del Mando Aéreo de Levante en la fecha del accidente, acudirán a la Audiencia Nacional el día 13 de febrero.

En esa misma fecha declararán Antonio Bendada, que recibió el correo electrónico que le remitió el comandante Ripollés, luego fallecido en el accidente, denunciando las condiciones del vuelo; y el teniente coronel Javier Marino González.

El 14 de febrero acudirán al tribunal un representante de Chapman Freeborn, la empresa intermediaria en la contratación del avión; el ex presidente de la asociación de familiares, Alfonso Agulló; el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte; y un perito aeronáutico.

Además, el juez pide al Ministerio de Defensa información sobre los vuelos realizados a través de NAMSA "con indicación de fechas e importes satisfechos, así como de responsable de los mismos" y sobre las actividades de inspección y control llevadas a cabo.

A NAMSA le pide informes sobre los vuelos concertados con Defensa y sobre el proceso de selección y adjudicación de los contratos, y "la totalidad de la documentación obrante" sobre el vuelo siniestrado.

Las diligencias acordadas hoy por Grande-Marlaska responden al auto en el que, el pasado martes, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideró que el juez se había precipitado al archivar la investigación sobre el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del avión.

En su resolución, el tribunal sostenía que la seguridad del vuelo en el que fallecieron los 62 militares cuando regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003 estaba "seriamente comprometida" por varias carencias que debían ser investigadas para depurar las eventuales responsabilidades, ya que "nadie de los obligados a ello" actuó para corregirlas a tiempo y evitar el siniestro.

La sala estimaba así los recursos presentados por los familiares de los militares fallecidos contra la decisión de archivar la investigación tomada por Grande-Marlaska el pasado 1 de junio, y le ordenaba reabrir la causa para depurar, en su caso, "las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los presuntos responsables por omisión de la diligencia y control debidos".

La sala destacaba, concretamente, la necesidad de que se investigue judicialmente el hecho de que "personas que pudieran resultar responsables" del Ministerio de Defensa tuvieran conocimiento de las circunstancias penosas "y en ocasiones ciertamente peligrosas" en las que viajaban los militares, "sin que pese a ello se hiciera lo necesario para disminuir el riesgo".