El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, negó el miércoles que su Gobierno hubiera creado un servicio de contravigilancia, descalificó los supuestos partes de seguimientos a políticos y acusó a la oposición de mentir, en una bronca sesión de la comisión que está investigando el presunto espionaje.

"Ustedes han mentido mucho, han insidiado mucho, han insultado todo lo que han podido y han calumniado lo que no está en los escritos", declaró Granados en el inicio de su comparecencia, la última prevista en la comisión pese a haberse aprobado en un principio la intervención de otros 18 testigos, entre ellos los objetos de los supuestos seguimientos.

"Le voy a demostrar dos cosas, primero que no miento y luego que miente usted", añadió el consejero madrileño, que a lo largo de la sesión mostró 15 documentos que según él acreditan entre otras cosas que es falso todo lo que se ha dicho sobre la creación de una estructura de seguridad especial durante el Gobierno de Aguirre.

El diario El País, que fue el que destapó en enero la supuesta trama de espionaje a altos cargos del PP publicando partes que demostrarían el seguimiento a políticos, señalaba que algunos de ellos los realizaron ex agentes policiales y guardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, algo negado en reiteradas ocasiones por el Gobierno regional.

Las portavoces del PSOE e Izquierda Unida, Maru Menéndez e Inés Sabanés, respectivamente, afirmaron que había quedado acreditada la existencia de espionaje en la Comunidad de Madrid y apuntaron a Granados como responsable de la trama y de la "estrategia para tapar todo esto".

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

"Podrán ustedes cerrar la comisión... pero no nos van a callar", declaró Menéndez, que señaló que Granados era "el único que al parecer no ha sido espiado".

"Yo desde luego le responsabilizo a usted de no dar toda la información a esta comisión, de diseñar una estrategia que más que aclarar los hechos lo que pretende es tapar los hechos y no llegar al fondo de la cuestión", declaró Sabanés, que acusó al PP de "haberse abrazado a la teoría de la conspiración" para cerrar la comisión.

Granados, que utilizó un tono vehemente a lo largo de su comparecencia e instó en reiteradas ocasiones a que le pidieran disculpas por todo lo dicho, aseguró que los servicios de seguridad actuales ya existían con los anteriores ejecutivos del socialista Joaquín Leguina y el popular Alberto Ruiz-Gallardón.

También aseguró que las agendas públicas y privadas de algunos de los supuestamente espiados no coincidían con los partes publicados por El País, y puso el ejemplo de uno de ellos, en el que el ex consejero Alfredo Prada aparecía en el informe trabajando o comiendo en Madrid cuando en realidad estaba en Tailandia.

Las comparecencias realizadas hasta ahora en la comisión, que empezaron el pasado miércoles casi un mes después de su formación, no han servido hasta ahora para profundizar en quién realizó los seguimientos, ya que todos los supuestos implicados en la trama han desmentido haber tenido ningún papel en la trama.

Desde el principio, las reuniones de la comisión han vivido un continuo intercambio de acusaciones entre los distintos portavoces políticos, con socialistas e IU denunciando trabas por parte del PP para impedir su normal funcionamiento.

El Partido Popular considera que se ha demostrado que no hubo espionaje alguno y "la verdad se ha abierto paso" en la comisión, cuyas conclusiones podrían ser aprobadas por el pleno de la Asamblea de Madrid el próximo 18 de marzo gracias a la mayoría absoluta del PP, algo que ha indignado a la oposición.