El Gobierno de facto de Honduras ha dado un paso más. Un nuevo paso para intentar sostener una situación que le sobrepasa por todos lados. A las críticas que recibe desde la comunidad internacional no puede hacer nada. Pero lo que sí puede es atacar a la resistencia dentro del país que exige la restitución del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya.

La última decisión de los golpistas, en consonancia con la oleada de represión y censura que varias ONG denunciaron la semana pasada, ha sido la de emitir un decreto que suspende varias garantías constituciones durante más de mes y medio. Las medidas pasan por suspender las protestas públicas, la libertad de asociación y circulación durante 45 días,  la libertad de expresión de los medios de comunicación y ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes y la detención de personas que sean consideradas sospechosas, que 'deberán permanecer recluida en los centros de detención legalmente establecidos', según reza el decreto.

Además, Micheletti ha impedido las marchas organizadas en Tegucigalpa y otros puntos del país por los seguidores del derrocado gobernante, Manuel Zelaya.

'Está ocurriendo lo mismo en todo el país, se le está impidiendo a la gente que salga a manifestarse'

En la capital hondureña, más de 200 policías se apostaron a ambos lados de la calle de la Universidad Pedagógica, lugar habitual del comienzo de las marchas desde el derrocamiento de Zelaya, hace hoy tres meses, e impidieron el movimiento de cientos de manifestantes. El operativo policial incluye un helicóptero y un tanque antiditurbios con cañón de agua que ha sido desplazado hasta la zona.

'Está ocurriendo lo mismo en todo el país, se le está impidiendo a la gente que salga a manifestarse', dijo a los periodistas el dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del Frente. El dirigente pidió a la comunidad internacional 'menos declaraciones y más acciones' para solucionar la crisis que vive el país desde junio, agudizada esta semana tras la llegada al país de Zelaya, que el lunes apareció en la Embajada de Brasil.

El ministro de Interior de facto, Óscar Matute, anunció que el decreto, dictado el pasado el 22 de septiembre, autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a través de la Policía y al Ejército a cerrar cualquier medio, ya sea prensa, radio o televisión, que 'perturbe la paz, ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley' y que 'no ajusten su programación a las presentes disposiciones'.

'Hay un par de medios de comunicación que en lugar de centrarse en paz y armonía, lo que han hecho es sembrar la discordia', señaló Matute. 'Muchos han confundido lo que la libertad de expresión debe ser', añadió el miembro del Gobierno golpista.

El Gobierno de facto ha cerrado dos medios de comunicación afines al depuesto presidente

Tras las delcaraciones llegaban las primeras medidas: El Gobierno de facto ha cerrado dos medios de comunicación afines al depuesto presidente, el canal 36 de televisión y Radio Globo, según confirmaba una fuente policial.

Por otro lado, el Gobierno de los golpistas de Honduras tensó hoy aún más sus relaciones con la comunidad internacional al impedir el ingreso en el país de tres diplomáticos de la OEA y dos funcionarios de la Embajada de España, en una jornada en la que se denunció una nueva víctima mortal como consecuencia del asalto a la sede diplomática brasileña.

'Muchos han confundido lo que la libertad de expresión debe ser'

El Gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti afirmó que impidió la entrada en el país a los trabajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque 'no era éste el momento procesal oportuno' y ya estaban advertidos.

'Corrieron el riesgo de entrar o no entrar, ya estaban advertidos de que no sería permitido', afirmó el canciller del Ejecutivo de hecho, Carlos López, quien no obstante explicó que permitieron el paso a un cuarto diplomático vinculado al proceso de mediación que impulsa el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

Agregó asimismo que no cree que el embajador español en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez, ni otros embajadores asuman el riesgo de regresar a Honduras para ver que no se les admite la entrada.

'Yo creo que han tomado nota los gobiernos de la comunicación de la nota verbal que se ha girado a todos y cada uno de ellos (...) de tal manera que no creo que se tomen el riesgo de que no se les admita', indicó Carlos López.

En el documento difundido anoche, el Gobierno golpista informó de que no recibiría a los embajadores de España, Argentina, Venezuela y México. Al respecto, Zelaya dijo a Radio Globo que es 'lamentable' que se haya impedido la llegada al país de los tres funcionarios de la OEA.

El Gobierno golpista no recibirá a los embajadores de España, Argentina, Venezuela y México

'Eso es lamentable porque se le cierran las puertas a la comunidad internacional para el diálogo', añadió Zelaya, quien desde la Embajada de Brasil insiste en que la búsqueda de una salida dialogada de la crisis.

En Canciller del Ejecutivo de facto insistió también en que la Embajada de Brasil perderá su estatus diplomático en 10 días si no define la situación en que se encuentra el presidente depuesto, Manuel Zelaya, que el pasado lunes apareció en ella al regresar al país casi tres meses después de su derrocamiento.

'El privilegio (de Brasil) de tener una misión en Honduras se acaba en 10 días por reciprocidad, pero eso no es un elemento como para decir que el señor Zelaya se queda en la calle o que queda abierto para una intervención para capturarlo', indicó en rueda de prensa el canciller del Gobierno de facto.

López aseguró que los 10 días dados anoche a Brasil para que aclare y resuelva la situación de Zelaya no es un ultimátum, sino 'un plazo de cortesía'.

'Las relaciones están rotas desde ayer -sábado-, que se emitió el comunicado, pero se da un periodo moderado de cortesía internacional para que los funcionarios puedan entregar sus carnés, placas diplomáticas (...) para marcharse', dijo López.

Brasil 'no acepta el ultimátum de un gobierno golpista', anunció en Porlamar el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en respuesta al plazo de 10 días impuesto por el equipo de Roberto Micheletti. En una rueda de prensa en el marco de la Cumbre América del Sur-África (ASA), Lula señaló que el depuesto mandatario hondureño es 'el presidente legítimo de Honduras' y que su estatus es 'huésped de la embajada de Brasil' en Tegucigalpa.

'Para mí, la solución es simple: los golpistas deben salir del palacio presidencial'

'Zelaya fue expulsado del poder de la manera más vergonzosa posible', manifestó Lula. 'Para mí, la solución es simple: los golpistas deben salir del palacio presidencial', afirmó el mandatario antes de agregar: 'Zelaya debe regresar al poder y se deben convocar elecciones'.

'Si los golpistas convocan elecciones muy pocos países reconocerían (los resultados)', comentó Lula. También subrayó que si '(los golpistas) entran a la fuerza (en la embajada de Brasil), violarían todas las normas internacionales'

'Pocas veces en la historia ha habido tanto consenso en la postura internacional contra el Gobierno golpista', destacó el presidente brasileño en su encuentro con los periodistas poco antes de partir para Brasilia tras participar en la II Cumbre ASA en la venezolana Isla de Margarita.

La crisis política en Honduras se ha vuelto más tensa a tres meses del derrocamiento de Zelaya, mientras que la resistencia popular contra el golpe de Estado denunció hoy la muerte de una universitaria a causa de la inhalación de gases lacrimógenos en los alrededores de la Embajada de Brasil.

En una misa oficiada en la misión diplomática brasileña por el sacerdote Andrés Tamayo, éste informó a medios locales de prensa que el sábado murió la joven Wendy Elizabeth Ávila.

La situación en los alrededores de la Embajada de Brasil sigue siendo tensa

Los restos de Ávila eran velados hoy en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares, cuya sede se llenó de miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado que exige la restitución de Zelaya en el poder.

El mandatario derrocado reiteró hoy que 'el diálogo' es la única salida a la crisis política de su país y que su vida sigue corriendo peligro.

Zelaya destacó que el pueblo representado en la resistencia popular 'no tiene armas' y calificó el plazo que el Gobierno de facto de Micheletti le ha dado a Brasil como una amenaza hacia él y hacia el país suramericano.

La situación en los alrededores de la Embajada de Brasil sigue siendo tensa por la presencia de centenares de policías y militares que han bloqueado todas las calles de acceso a la legación.