Este artículo se publicó hace 14 años.
El Gobierno vigilará que el crédito fluya y descarta nuevas subidas de impuestos
El Ministerio de Economía vigilará que el crédito fluya a las empresas para que no se interrumpa la actividad, razón por la que descarta una reforma fiscal de calado que ahora podría tener efectos perjudiciales sobre la recuperación económica.
Así lo dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, en el Foro Cinco Días ante un auditorio formado por representantes del mundo financiero y empresarial, entre los que estaban los ex ministros de Economía Miguel Boyer y Carlos Solchaga.
Salgado avanzó que pedirá al Banco de España, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) informes periódicos detallados de los créditos otorgados a las empresas para valorar si son necesarias actuaciones adicionales del Ejecutivo en este ámbito.
El Ministerio de Economía espera contar con información desagregada por el tamaño de los préstamos y por el sector empresarial que los recibe para tener una idea de si se están financiando los proyectos empresariales.
Frente a un público en el que se encontraba el presidente de la AEB, Miguel Martín, Salgado aseguró que el Gobierno ya "ha hecho los deberes" y que ahora son las entidades financieras las que "tienen que hacer su trabajo y aplicarse a la tarea".
"Se han puesto las bases, se han establecido criterios y ahora hay que ponerlo en práctica", afirmó en referencia a la reestructuración del sector impulsada por el Ejecutivo.
En su opinión, en la actualidad se dan todos los requisitos para que el sector pueda atender la demanda de crédito de empresas y familias, ya que -según dijo- se ha recuperado el acceso a los mercados y los bancos ya no tienen tanta necesidad de recurrir al Banco Central Europeo (BCE) para financiarse.
Por otra parte, descartó que se vayan a acometer modificaciones tributarias "importantes" porque en el actual momento de crisis podrían ser perjudiciales para la recuperación de la economía.
La vicepresidenta reconoció que la estructura impositiva actual no es óptima, pero aseguró que los últimos ajustes realizados son suficientes para garantizar el cumplimiento del objetivo de reducir el déficit público al 6% del PIB en 2011.
Salgado también indicó que la reforma laboral y la de las pensiones apuntalarán la recuperación de la economía en 2011 y pese a que reconoció que la tasa de paro prevista del 19,3% sigue siendo "alta", recordó que la creación de empleo estimada por el Gobierno supondrá 43.000 empleos más a tiempo completo.
Animó a empresarios y trabajadores a aplicar cuanto antes la nueva norma laboral que da mayor flexibilidad a las empresas para adaptarse a la situación de crisis.
En concreto, pidió a los empresarios que hagan uso del contrato de fomento del empleo que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, así como del llamado "modelo alemán" que facilita la reducción de jornada de los trabajadores.
No obstante, Salgado fue tajante al asegurar que la reforma laboral "no va a cambiar" a pesar de las manifestaciones anunciadas por los sindicatos UGT y CCOO, aunque sí reconoció que un clima de paz social y consenso es favorable para la economía.
De esta forma, confió en encontrar "el mayor consenso posible" en la reforma del sistema de negociación colectiva, que en su opinión, debe servir para mejorar la competitividad de las empresas a través de una disminución de los costes laborales unitarios y una moderación salarial.
Sobre la reforma de las pensiones dijo que también es "prioritaria" para el Gobierno porque supondrá un impulso adicional de la confianza en la economía.
Insistió en la necesidad de elevar el período de cálculo de las pensiones cuanto más mejor y aseguró que si actualmente este cómputo está en 15 años de cotización, "mejor 16 que 15, y mejor 17 que 16, y mejor 18 que 17 y mejor 19 que 18".
Añadió que en este sentido el Ejecutivo avanzará todo lo que pueda ya que la reforma de las pensiones es una Ley que debe ser negociada y aprobada por el Parlamento.
Además, reiteró que el Gobierno mantiene su propuesta de elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años para que el sistema no sea insostenible en el futuro.
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