El Gobierno sigue violando la ley y devuelve "en caliente" otros 104 inmigrantes a Marruecos

MADRID/CEUTA.- La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) ha denunciado que en el primer intento de entrada en grupo en Ceuta producido en la madrugada del primer día del año se devolvió a Marruecos a 104 inmigrantes subsaharianos de forma "ilegal".

La organización ha denunciado a través de las redes sociales lo ocurrido en el perímetro fronterizo ceutí en esa madrugada cuando unos 1.100 inmigrantes subsaharianos intentaron entrar en grupo por la frontera.

Según la APDH, España "expulsó a 104 subsaharianos en contra de la legalidad nacional e internacional y exige cese inmediato" de estas prácticas. La organización también ha añadido en su cuenta de twitter que lo ocurrido en Ceuta "es una devolución en caliente con todas las letras, un acto de ilegalidad producto de la Ley Mordaza".

Pro Derechos Humanos se refiere a los 106 inmigrantes subsaharianos que se encaramaron a lo alto del vallado ceutí tras el intento masivo de entrada que fue abortado por la Gendarmería marroquí y la Guardia Civil.

De estos inmigrantes 104 fueron entregados a Marruecos al descender del vallado mientras que otros dos fueron llevados al Hospital Universitario de Ceuta al precisar asistencia sanitaria.

Las “expulsiones en caliente”, tal y como se ha denominado la práctica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de devolver a las autoridades marroquíes a los ciudadanos extranjeros que son interceptados en territorio español, pero sin seguir el procedimiento establecido legalmente, han sido denunciadas por numerosos organismos internacionales y por la ONU.

En el informe Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la Ley, 16 catedráticos y profesores de Derecho de varias universidades españolas señalan que esta práctica "vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico, sin que resulte posible dotarlas de cobertura legal por resultar contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos". 

Los juristas señalan que este tipo de devoluciones violan normas de diferentes rangos, empezando por la propia Constitución, además de la ley de extranjería, la ley de asilo y el Código Pena. A nivel europeo, cada vez que a un inmigrante que cruza a suelo español se le niega la posibilidad de presentar una solicitud de asilo, se viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de derechos Humanos, y las directivas de retorno y la de asilo.

A nivel internacional, señala el informe, este tipo de devoluciones van contra la Convención de Ginebra, el Estatuto de los refugiados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles.