El Gobierno será acusación en el caso Gürtel

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se personará en el caso Gürtel en cuanto el Tribunal Supremo decida que es competente para asumir la investigación. Los Servicios Jurídicos del Estado ejercerán la acusación particular para investigar los delitos contra la Hacienda Pública detectados por la Agencia Tributaria en la actuación de los más de 70 imputados que hay en el caso y, en concreto, en la del tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, cuya imputación depende de la decisión del Alto Tribunal.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció ayer en Mérida que había dado la orden de personarse a la Abogacía del Estado. "A partir de ese momento hemos dicho a la Abogacía del Estado que adopte las medidas necesarias para personarse en defensa de todos los españoles, y del dinero, por tanto, de todos los españoles", señaló. Justificó la resolución explicando que la Agencia Tributaria había acreditado la existencia de delitos fiscales, lo que obliga al Gobierno a "personarse y defender los intereses de los españoles".

La personación será solicitada ante el Tribunal Supremo si asume la totalidad de la causa, como propone el actual instructor, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, para "evitar la ruptura de la causa". En el caso de que el Alto Tribunal decida quedarse sólo con los dos aforados que determinan su competencia, el senador Luis Bárcenas y el diputado del PP por Segovia Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al TSJM, la Abogacía del Estado solicitará ejercer la acusación en ambas sedes judiciales.

Primeras diligencias

Por su parte, el Tribunal Supremo ha dado los primeros pasos para pronunciarse sobre su competencia antes de finales de mes, cuando prescribirían al menos parte de los delitos contra la Hacienda Pública que la Agencia Tributaria atribuye a Bárcenas. La decisión la adoptará la Sala de Admisión del Alto Tribunal, compuesta por cinco magistrados. Andrés Martínez Arrieta será el ponente de la decisión de la Sala, tras conocer el informe que ayer ya se pidió al fiscal.

Caamaño aclara que Justicia actúa en defensa del "dinero de los españoles"

Mientras el Ministerio Público se pronuncia a favor de que el Supremo asuma toda la investigación para evitar su disgregación como solicitó la Fiscalía Anticorrupción en el TSJM, el secretario de Gobierno del Supremo, Julián Pedro González, acreditará la condición de aforados de Bárcenas y Merino, para lo que dispone de un acta de diputados y senadores.

Para comprobar la condición momentánea de eurodiputado de Gerardo Galeote se solicitará la información a la Junta Electoral Central, informa Efe. No obstante, la Sala de lo Penal del Supremo podría pronunciarse sobre la competencia del caso Gürtel sin esperar a este dato, ya que la exposición elevada por el juez Pedreira el lunes no le menciona entre los aforados que determinan que la investigación sólo pueda hacerla el Supremo. Galeote perderá esta condición cuando se constituya el Europarlamento, porque no iba en las listas del PP el 7-J.

Empresas instrumentalesEl juez Pedreira sigue con la investigación y cita a dos testigos 

En la exposición razonada, Pedreira destacaba, además del informe de la Agencia Tributaria que atribuye delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho a Bárcenas, la declaración que prestaron otros imputados y, especialmente, Gianfranco Fasana. En sus tres horas de interrogatorio, Fasana explicó el entramado que tenía en el extranjero la trama presuntamente liderada por Francisco Correa, para lo que contaba con la colaboración del también imputado José Ramón Blanco Balín. Según fuentes jurídicas, Fasana también vinculó a Bárcenas con las empresas instrumentales con las que el grupo blanqueaba dinero fuera de España. Precisamente, al ser aforado el tesorero del PP, sólo el Supremo puede profundizar en la investigación y confirmar o desmentir este extremo.

Mientras tanto, la instrucción del caso continúa en el TSJM. Pedreira interrogará mañana como testigos a dos empleados de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte (Madrid). Además, tiene previsto preguntar al Supremo sobre quién debe decidir si se mantiene o levanta el secreto del sumario que vence el próximo día 29.