El Gobierno planea llevar la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante el mes de julio.

Así lo han confirmado fuentes parlamentarias, quienes prevén igualmente que esta la norma esté definitivamente aprobada para noviembre o diciembre.

El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto.

Ahora bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes.

Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa.

En cuanto a los principales cambios que contemplará el proyecto de ley, respecto al texto presentado por el Gobierno hace unos seis meses, estas mismas fuentes creen que se va a matizar los casos de interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación del feto, un punto que ha generado gran discordia tanto dentro como fuera del partido.

Eso sí, siempre mantendría la ley de supuestos que el Gobierno ha abanderado desde el primer momento y, según aseguran las mismas fuentes, 'con el ánimo de estar abierto a negociar cualquier punto de la ley durante el trámite parlamentario'.

Según esta normativa, se puede interrumpir de forma voluntaria un embarazo cuando tenga lugar un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o bien cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual.

A diferencia del resto de normativas que han tenido lugar en España sobre la regulación del aborto, esta ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada no ha sido examinada por el Consejo de Estado, un hecho que ha 'irritado' principalmente al Grupo Socialista, que hasta ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados instando a ello al Ejecutivo.

El próximo miércoles la reforma del aborto también será uno de los principales temas de la actividad parlamentaria, empezando por la sesión de control al Gobierno, momento en el que la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, lanzará una pregunta al ministro de Justicia, máximo responsable del proyecto de ley, sobre si mantiene 'su intención de cercenar los derechos de las mujeres' con esta normativa.

Ya por la tarde, Izquierda Unida defenderá en la comisión de igualdad una iniciativa para exigir al Gobierno la retirada del proyecto de ley porque, a su juicio, la decisión de interrumpir de forma voluntaria un embarazo es personal, pertenece a las mujeres, y con esta normativa se ve coartada.

'El derecho a decidir de las mujeres es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios', aclama IU.

La formación de izquierdas defiende, entre otros puntos, una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, la coeducación real y efectiva y, la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.

En una respuesta del Gobierno y dirigida a Carmen Montón, el Ejecutivo defiende que esta norma tiene un impacto de género positivo ya que protege y se da prevalencia a los derechos a la vida, salud y dignidad de la mujer embarazada, cuando entran en conflicto con el valor de la vida del nasciturus.

A su vez, resalta la protección a su libertad pues 'deja de ser punible el aborto para la mujer en todos los supuestos', a la vez que se tiene en cuenta su libertad de decisión en cuanto se exige que su consentimiento sea informado y que sea precedido de un asesoramiento asistencial efectivo y de una información clínica sobre las ayudas de todo tipo para continuar la gestación y las alternativas al mismo.

El Ejecutivo asegura que esta normativa apoya la maternidad y crea un marco jurídico de asesoramiento socio-económico a la mujer embarazada, en general.