El Ejecutivo español camina ya por la única vía que los secuestradores del Alakrana han dejado abierta para la liberación de los marineros. Descartada la intervención militar y fracasadas las negociaciones entre armador y piratas, el Gobierno intenta conciliar la protección de los tripulantes con una actuación en el marco de la legalidad, por lo que ya perfila el tipo de tratado que firmará con Somalia.

'La situación puede estar encauzada'. Con estas palabras, el presidente del Gobierno resumió la situación en torno al Alakrana, el pesquero que hoy cumple 40 días de secuestro en aguas del Índico. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero evitó mayores precisiones porque 'la prudencia, la discreción y la actitud responsable determinan cuánto tiempo dura un secuestro y su resolución final'.

Zapatero dice en Polonia que 'la situación puede estar encauzada'

El jefe del Ejecutivo, que compareció al término de la VI Cumbre Hispano-Polaca en Sopot, se limitó a señalar que 'el Gobierno sabe desde el primer día lo que tiene que hacer, lo está haciendo y espera concluir con éxito esta difícil situación'. Para ello, aseguró, se utilizan todas las herramientas disponibles, 'las políticas, diplomáticas, legales y de Inteligencia'.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, fue el encargado de explicar que el Ejecutivo estudia 'vías legales' para la entrega de los piratas encarcelados en España. Una de ellas es que sean extraditados a Somalia y juzgados allí bajo la supervisión de jueces españoles, aunque para ello habría que redactar un convenio de extradición entre los dos países.

Esta fórmula resulta muy compleja para España por la actual situación política y social de Somalia, país que ocupa el primer lugar en el escalafón mundial de Estados fallidos, elaborado conjuntamente en 2009 por The Fund for Peace y la revista Foreign Policy.

Comprende la angustia de las familias y les pide 'comprensión'

La otra opción que valora el Gobierno en materia legal sería la de juzgar a los tres piratas en España y enviarlos a Mogadiscio para que cumplan la pena en su país.

La existencia de esas 'vías legales' también fue refrendada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El magistrado abogó por conciliar dos principios, el de 'la aplicación de la ley y la Justicia', por una parte, y el de la 'protección de las víctimas' por otro.

Cualquiera que sea finalmente la solución, Zapatero pidió 'prudencia'. Ayer repitió esta palabra hasta cinco veces para exigir a los españoles especialmente, a las fuerzas políticas y los medios de comunicación que se evite especular sobre la situación de los tripulantes del Alakrana o el trabajo del Ejecutivo para rescatarlos. '¿Pueden todos los españoles comprender que cada cosa que se le pregunte a un miembro del Gobierno sobre el proceso para acabar con este secuestro es escuchada por los secuestradores y forma parte ya de la negociación?', inquirió, casi enfadado, el presidente del Gobierno.

Asimismo, reclamó a la opinión pública y los medios de comunicación que 'sitúen en su contexto los mensajes que pueden venir desde el barco: son personas que están secuestradas'.

Garzón constata 'vías legales' para devolver a los encarcelados

Las últimas declaraciones del patrón del atunero, Ricardo Blach, uno de los 36 secuestrados, confirman el análisis del presidente. Blach dijo que desde que los piratas saben que el Gobierno estudia la entrega a Somalia de sus dos compinches, el trato que les dispensan ha mejorado. 'Ellos saben lo mismo que nosotros. Se han quedado contentos con ver que van a enviar a sus compañeros para aquí y por eso han dejado de maltratarnos de momento, pero probablemente si la Audiencia Nacional dice que los piratas vienen para aquí, empezarán a matarnos', declaró a Europa Press.

Rodríguez Zapatero insistió, desde Polonia, en su mensaje: 'Sólo pedimos apoyo'. El de las fuerzas políticas o el de los medios de comunicación, reiteró, porque 'apoyar en este momento la tarea del Gobierno es apoyar el buen fin de este trabajo', la liberación de los apresados.

Por último, el presidente del Ejecutivo se refirió a las familias de los secuestrados y a sus llamamientos desesperados para extraditar a los piratas.

'Les pido comprensión', dijo, porque 'sé la angustia que pueden tener, y lo sé desde el primer día. Por eso, desde el primer día, todo el Gobierno trabaja en este tema'.

Juicio en España

Todos los juristas consultados por ‘Público’ coinciden en que la firma de un convenio de cumplimiento de condena entre España y Somalia es la vía legal más factible para la entrega de los dos piratas que permanecen encarcelados en Alcalá-Meco. De esta forma, el juicio se celebraría con las garantías que ofrece la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Para el feliz desenlace del secuestro, se aceleraría la habitualmente lenta maquinaria judicial y se celebraría un juicio rápido. Una vez dictada la sentencia, agentes de la Policía Judicial trasladarían a los dos piratas a su país, probablemente en un vuelo militar a Kenia, donde se celebran los los encuentros diplomáticos entre el Gobierno somalí y el español. Allí, las autoridades de Somalia se harían cargo de ellos. Las fuentes jurídicas consultadas remarcaron que los convenios de cumplimiento de condena implican que la pena impuesta en un país se adapta después al Código Penal del Estado en el que se va a cumplir la pena. 

Juicio en Somalia

Para que los piratas sean juzgados en su país debe existir un tratado de extradición entre España y Somalia, algo que a día de hoy no se da. El tratado de extradición no puede tener carácter retroactivo, por lo que la decisión de la Audiencia Nacional de conceder la entrega a Somalia de los dos piratas debería producirse siempre después de la firma del mismo. Otro inconveniente es la imagen de “dejación”, según las fuentes consultadas, que se daría al entregar a los secuestradores sin haberlos sometido siquiera a un tribunal español. Sobre todo, después de la polémica que envolvió a las decisiones judiciales en torno a ellos, desde su traslado a España hasta el cálculo de la mayoría de edad de uno de ellos, Abdu Willy. Este y Raagegeese están acusados de 36 delitos de detención ilegal, tantos como tripulantes del ‘Alakrana’, robo con violencia, asociación ilícita y uso de armas, por los que en España podrían ser condenados a más de 200 años de cárcel.