'Esta persona se ha dirigido en varias ocasiones a la Administración española y todas las veces le hemos atendido'. Así defendió este viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la gestión del Ejecutivo en el caso de Luis Dorado Luque, un diputado socialista de la II República asesinado en Córdoba en 1936.

Su familia, tras años de litigio con el Ayuntamiento cordobés paradójicamente gobernado por IU y PSOE no ha logrado exhumar al parlamentario ni lograr una investigación exhaustiva que aclare las circunstancias concretas de su muerte. Ante esta situación, los familiares de Dorado Luque han acudido, con una demanda contra España, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

'Esta persona [el nieto del diputado, Antonio Gutiérrez] nos ha solicitado subvenciones para proceder, de acuerdo con los criterios de la Memoria Histórica, a exhumaciones y averiguaciones. Y tanto en el año 2008 como en 2009 se le han concedido estas subvenciones. Hay una ley, que es la Ley de Memoria Histórica, y el Gobierno está poniendo en marcha casi todas las medidas contempladas en esa ley', manifestó De la Vega.

El Gobierno concedió una subvención de 19.500 euros en 2008 para identificar y exhumar el cuerpo del parlamentario del cementerio de Córdoba, donde se cree que está enterrado.

No obstante, ante la oposición del Ayuntamiento, gobernado entonces por Rosa Aguilar (ex alcaldesa por IU), la fosa no se pudo exhumar. 'Del informe recibido se deduce la imposibilidad material de dar cumplimiento a su solicitud, ya que no existen planos de ubicación de las fosas comunes como es el caso de la zanja B [donde está el cuerpo del diputado], y porque de las 39 sepulturas existentes en la misma, los titulares o descendientes son de difícil localización'. Esa fue la excusa que puso Aguilar para no actuar. La familia la denunció por prevaricación, pero la queja fue archivada.

Como consecuencia, los descendientes de Dorado pidieron al Ejecutivo que ampliara el plazo de ejecución de la subvención, que fue concedido en 2009. 'El Gobierno debería haber hablado con el Ayuntamiento para resolver los problemas que se plantearon', reprocha Cecilio Gordillo, de CGT, que ha apoyado a la familia a lo largo de todo el proceso primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional.

Tras el Consejo de Ministros, De la Vega no ofreció soluciones para el caso, pero ofreció su respaldo moral: 'El deseo del Gobierno es contribuir a reparar, en el marco de la ley, la memoria personal y familiar de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la dictadura. Respetamos la decisión de acudir a los tribunales de este ciudadano en defensa de sus derechos'.