El Gobierno impedirá los desahucios a familias vulnerables hasta 2024

Las familias en situación de vulnerabilidad no podrán ser desahuciadas de sus viviendas por impagos hipotecarios hasta el año 2024 por aplicación de un real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que amplía la moratoria en los desalojos a cuatro años desde los dos actuales.

Según explicó la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, se trata de "uno de los compromisos del Gobierno de protección de las personas" en situación de vulnerabilidad y "que no pueden hacer frente a los cargos de su hipoteca". "Hasta 2024 ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca", añadió.

El decreto ley amplía el colectivo de beneficiarios al incluir entre los hogares vulnerables a aquellos con un solo hijo o monoparentales, y ajustar además el umbral de ingresos mínimo previsto para calificarlo al número de hijos en la familia. Así, indicó que se establecerá un coeficiente multiplicador por número de hijos.

Se endurece la moratoria además al establecer que la suspensión se aplicará, "con independencia de que se adjudique ─la vivienda─ a un banco o a un tercero". "Intentamos proteger a los más vulnerables y el compromiso es atender a una realidad social, que vino agudizada con motivo de la crisis económica", refirió. Según Montero, de no haberse extendido la moratoria los desahucios afectarían ahora a 29.000 familias, "sin contar con las que podrían venir en el futuro".

De forma adicional indicó que se regularán moratorias también a los desahucios en las viviendas en alquiler en la futura reforma de la ley de arrendamientos urbanos, como anunció esta semana el Gobierno dentro de una extensión de su acuerdo de gobernabilidad con Unidas Podemos.

La ministra de Hacienda explicó que es un paso más en las medidas adoptadas por el Ejecutivo para proteger a las familias vulnerables en materia de vivienda y recordó por ejemplo el establecimiento de un trámite en la ley de arrendamientos que obliga a comunicar a los servicios sociales cuando una familia enfrenta una situación difícil para que se instrumente las medidas adecuadas.