El Gobierno ha aprobado un decreto-ley de impulso económico que fija en el 0,03% el impuesto a los depósitos bancarios en el conjunto de España, un tributo con el que contaban algunas comunidades autónomas y que el Ejecutivo extendió a todo el territorio español en 2013, pero que hasta ahora contaba con un tipo del 0%. Así lo adelantó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a este decreto-ley y a otros normas de carácter económico para, según la ministra, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Con la nueva tasa, el Estado podría recaudar en torno a unos 400 millones de euros (sobre una base de depósitos de residentes en España de 1,4 billones de euros) con este impuesto que posteriormente transfiere íntegramente a las comunidades autónomas.

El Ministerio de Hacienda creó este nuevo tributo a partir del 1 de enero de 2013 para que los depósitos de los bancos recibieran un tratamiento tributario homogéneo, ya que estaba implantado solo en algunas comunidades. Su creación supuso la desaparición del tributo en aquellas regiones donde existía, que tuvieron que adaptarse al tributo del 0% que impuso el Gobierno. Ahora, ese tipo se ha subido al 0,03%.

El Gobierno introdujo en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de 2013 un impuesto a los depósitos bancarios a tipo cero para desactivar este mismo tributo en las tres comunidades que lo estaban aplicando (Extremadura, Andalucía y Canarias, aunqeu con posterioridad lo implantaron Catalunya y Asturias) y posteriormente anunció que se establecería un tipo muy reducido en el conjunto de España para compensar la recaudación de estas tres regiones, gravamen que hasta este mismo viernes no se había fijado.

Según el Gobierno, la creación del nuevo impuesto estatal, que lo deben pagar las entidades financieras, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, 'potenciar y garantizar' la unidad de mercado, según indica el Ejecutivo.