El Gobierno deberá comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso al comienzo de cada periodo de sesiones para dar cuenta de cómo ha cumplido los mandatos a los que le haya instado la Cámara en los meses previos.

El PP ha logrado el apoyo de todos los grupos para su proposición no de ley -con una enmienda de CiU-, incluido el respaldo del PSOE, que ha expresado su voluntad de que el Gobierno se someta al control de la Cámara pero ha dicho no admitir "lecciones" de respeto al Parlamento, y menos de los populares, puesto que el Ejecutivo de Zapatero es el que más veces ha comparecido en el Congreso y el Senado.

La iniciativa del PP insta al Gobierno a comparecer en la Comisión Constitucional al inicio de cada periodo de sesiones para informar sobre el cumplimiento de los mandatos de la Cámara.

Previamente a esta comparecencia, el Ejecutivo deberá remitir a la Comisión un informe con el grado de cumplimiento de las iniciativas aprobadas en la Cámara, informe que será público y accesible a los ciudadanos a través de la página web del Congreso.

La enmienda de CiU propone que en su informe y comparecencia el Gobierno no sólo rinda cuentas de los mandatos del pleno, sino también de aquellas iniciativas aprobadas en las diversas comisiones.

El diputado popular Francisco Villar ha justificado la proposición no de ley al subrayar que el Parlamento "merece y necesita el respeto" del Gobierno, que "ha intentado silenciar" tanto al Congreso como al Senado haciendo "oídos sordos" a las iniciativas aprobadas.

"Tras dos años de legislatura deberían haberse dado cuenta de que no pueden aprobar todo solos, que necesitan al Parlamento para gobernar, y que sin la participación de todos será imposible salir de la crisis", ha remarcado.

Villar ha puesto varios ejemplos de medidas que debería haber adoptado el Gobierno tras proposiciones no de ley o mociones consecuencia de interpelación aprobadas en el Congreso: austeridad de las administraciones públicas, reducción de ministerios, un marco fiscal más aceptable para pymes y autónomos, medidas para ayudar a las familias a pagar sus créditos o medidas para ayudar al sector turístico.

Jordi Xuclà, en nombre de CiU, ha defendido la enmienda de su grupo al explicar que los acuerdos que incumple el Gobierno no se limitan sólo a iniciativas debatidas y aprobadas en el pleno, sino también en las distintas comisiones.

"No puede ser que los martes (día en el que el pleno debate las mociones y las proposiciones no de ley) sean un puro ejercicio de melancolía porque el Gobierno, sea del color que sea, no cumple con los mandatos", ha agregado el diputado.

Xuclà ha apoyado también una enmienda de ERC -que no ha sido aceptada por el PP- en la que se pedía un cambio en el reglamento de la Cámara para fijar un mecanismo estable donde el Gobierno rinda cuentas y los grupos puedan fijar su posición sobre el cumplimiento de las resoluciones aprobadas.

A este respecto, el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha criticado que el Gobierno haya "sublimado" el incumplimiento de los mandatos parlamentarios, haciendo que todo aquello que no sea ley pase a tener un contenido "simplemente banal".

"No se trata de volver a las viejas teorías del Gobierno en asamblea, o de usurpar al Ejecutivo su función", ha apuntado Ridao, sino de que el Parlamento pueda participar en la tarea de determinar grandes objetivos políticos.

Desde el PSOE, Pedro Muñoz ha hecho un repaso a todas las comparecencias en pleno del presidente del Gobierno durante esta legislatura -17, según ha dicho-, además de todas las comparecencias que han sustanciado en pleno y comisión los distintos ministros, por lo que no ha aceptado "lecciones" del PP de respeto al Parlamento.

Muñoz ha agregado que no se pueden interpretar ni las mociones ni las proposiciones no de ley como "mandatos" del Congreso al Gobierno, "salvo que se quiera distorsionar la realidad".

A este respecto, el diputado del PNV Aitor Esteban ha replicado -tras mostrar también su apoyo a la iniciativa del PP- que las mociones o proposiciones no de ley sí implican un "mandato moral" que el Gobierno debe responder por "ética".