Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración para denegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales que padecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que 'no quedaba probada' la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revista Interviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

'Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio', asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de 'peligro social'. Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

'Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro', defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. 'En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?', se pregunta. 'Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel', remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. 'Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos', avanza Antonelli. 'La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado', añade. 'Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas', reflexiona la diputada socialista.

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

'Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos', subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. 'Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado', recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. 'He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos', explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

'Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes', asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. 'Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días', concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.