Fuerteventura limita su crecimiento urbanístico

La isla de Fuerteventura será la próxima Reserva de la Biosfera de la Unesco, y la mitad de su territorio es candidata a convertirse en el primer Parque Nacional de zonas áridas de Europa. Mientras, políticos y jueces tratan de evitar la destrucción de su territorio más privilegiado.

En apenas una semana, el Tribunal Supremo ha impedido la construcción de seis hoteles de lujo y un campo de golf en una zona virgen de la costa norte. Al mismo tiempo, el Cabildo insular declaró definitivamente aprobado un restrictivo Plan Territorial que impedirá la construcción de 55.000 nuevas plazas de alojamiento en la isla, un 30% de las 150.000 previstas. Todo ello después de que varios estudios advirtieran de los graves problemas sociales y medioambientales que se derivarían de su autorización, pues dichas infraestructuras supondrían duplicar en muy poco tiempo la actual población majorera, hasta superar el umbral de los 200.000 habitantes. Algo que los propios responsables políticos reconocieron como "inasumible" en una isla que ya ha visto cómo se duplicaba su censo en apenas 15 años, colapsándose hospitales, colegios y carreteras.

La sala 5 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo rechazó hace unas semanas el recurso de casación interpuesto por la empresa Oliva Oceánidas SL contra la anulación de seis licencias municipales para la construcción de otros tantos establecimientos hoteleros de lujo en El Cotillo, en el municipio de La Oliva. Los hoteles habían obtenido la licencia municipal de manos del polémico alcalde Domingo González Arroyo, ahora expulsado del PP por discrepancias con la dirección regional, a pesar de no contar con la autorización previa de actividad turística.

En la sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, se califica de "subterfugio" la forma de proceder del Ayuntamiento, al otorgar estas licencias de edificación supeditándolas a la obtención de las autorizaciones que debieran conceder otras administraciones, cuando la ley establece que dicha autorización es previa a la concesión de una licencia de edificación.

Tras esta decisión judicial se esconde una fuerte movilización social, nunca antes conocida en la isla, surgida en defensa de las playas de El Cotillo, donde estaba prevista la construcción de 6.000 camas para una población de 700 habitantes. Una protesta a la que unieron su voz el escritor y premio Nobel José Saramago y su mujer Pilar del Río.
Paradójicamente, la urbanización de dunas y malpaíses no se anuló. Se permitió la apertura de calles y plazas en un entorno de especial valor ecológico. Los jueces todavía no han dado solución a la restauración de los terrenos degradados.

La anulación del plan y reducción de las pretensiones turísticas de la isla coinciden con la llegada de una grave crisis económica, que afecta con fuerza a un territorio con dependencia casi total de la burbuja inmobiliaria. De los 12.000 gallegos que llegaron a estar censados en la isla, más de 3.000 retornaron el verano pasado, sin trabajo, a sus casas en Galicia. Junto a ello, unas 8.000 viviendas nuevas están en venta, sin salida en un saturando mercado.