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El FMI impone un draconiano plan de ajuste a Rumanía

El sueldo de los funcionarios se rebajará un 25% mientras que las pensiones y los subsidios a los parados descenderán un 15%

MARCEL GASCÓN (EFE)

Rumanía se despertó este viernes consternada por la dureza del plan de austeridad impuesto al Gobierno de Bucarest por el FMI para controlar su endeudamiento, y que incluye un fuerte recorte de las jubilaciones, de los sueldos de los funcionarios y de las ayudas que reciben los desempleados.

El presidente rumano, Traian Basescu, que asumió personalmente el liderazgo en las negociaciones del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció ayer que los salarios de los funcionarios bajarán a partir de junio un 25%.

Y por si fuera poco, las jubilaciones y las ayudas a los parados serán recortadas un 15%, con el objetivo de contener el déficit presupuestario y mantenerlo dentro del límite del 5,9% pactado con el FMI.

Las consecuencias de estas medidas se prometen dolorosas en un país donde los funcionarios perciben como media unos 500 euros brutos, mientras que la pensión mínima es de tan sólo 85 euros.

'Mejor nos dan cianuro', manifestó el líder del sindicato de pensionistas, Preda Nedelcu, mientras que el opositor Partido Social Demócrata habló de 'genocidio social'.

'Estas medidas empujarán a la población hacia una acción social más intensa que en Grecia, porque se verán afectados los ciudadanos con los ingresos más bajos', dijo el líder sindical Bogdan Hossu.

Según el Gobierno, la única posibilidad de evitar estos recortes era una subida generalizada de los impuestos

Según Basescu, la única posibilidad de evitar estos recortes era una subida generalizada de los impuestos, lo que calificó como la alternativa de la 'desconfianza'.

El prestigioso economista y ex ministro de la Reforma Ilie Serbanescu coincidió hoy en que el recorte es 'necesario', aunque anticipó que a pesar de su dureza no será suficiente.

'Irá acompañado de una subida de los impuestos', aseguró el antiguo político en unas declaraciones a Efe en Bucarest.

'La consecuencia es clara: bajará el nivel de vida. Si la medida se hubiera tomado en 2009 el coste habría sido menor', afirmó Serbanescu y calificó de 'insostenibles' las fuertes subidas de salarios y pensiones realizadas entre los años 2004 y 2008.

Una misión del FMI visita estos días Rumanía para evaluar si el país cumple los compromisos pactados en mayo de 2009 cuando recibió un crédito internacional de emergencia de 20.000 millones de euros.

El PIB per cápita de los 22 millones de rumanos alcanza apenas una cuarta parte de la media comunitaria, aunque el endeudamiento es uno de los más bajos de la UE, con el 23% del PIB en el año 2009.

Pese a su dureza, el recorte anunciado no será la única medida de ahorro para bajar el déficit público, que la Comisión Europea ve más cercano al 8,5% del PIB que a ese 5,9%.

Fuentes de la negociación entre las autoridades rumanas y el FMI han declarado a la prensa que hasta final de año el país ex comunista deberá aligerar su enorme sector público en un 10 por ciento, con lo que 140.000 funcionarios perderán su empleo antes de 2011.

Basescu fue muy plástico ayer al comparar el enorme sector público rumano con un hombre que pesa 200 kilos y que se sienta sobre los hombros de uno de 50 kilos, es decir, la economía rumana.

A pesar de ser más pesado, el gordo 'quiere comer cuando ve el plato con comida, y no le deja nada al flaco', dijo el presidente.

Mientras, el paro ya duplica el registrado en 2008 al superar el 8% y llegará, según el FMI, al 10% este año.

En este contexto alarmante, las buenas noticias son pocas y menguantes. El pronóstico de crecimiento económico inicial del 1,3% para este año ha sido revisado a la baja por el FMI al 0,8%, después de que Rumanía cerrara el 2009 con una recesión en torno al 8%.

En los años anteriores a la crisis, el país balcánico había crecido entre el 5 y 8,5% del PIB.

Ante esta situación, se anuncia un verano de protestas y malestar social por unas medidas de austeridad difícilmente reversibles.

Pero Bucarest no quiere llegar a ser Atenas, por lo que necesita el acuerdo del FMI para poder hacerse con los 8.000 millones de euros del crédito que aún debe recibir hasta 2011.

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