La Fiscalía hará una valoración jurídica de la denuncia a los investigadores del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada, después de que ayer la juez de Instrucción 8 suspendiera, a petición del Ministerio Fiscal, su declaración como imputados por un delito de manipulación genética.

Así lo ha informado hoy a Efe el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, quien ha precisado que, sin corregir ningún criterio jurídico previo -puesto que éste no existía-, se ha considerado "preferible" valorar antes de la posible declaración el fondo de los hechos denunciados.

Ha señalado que una citación como imputado no conlleva necesariamente que se tenga ya un criterio jurídico sobre los hechos denunciados y que, en este caso, se optó por llevar a cabo un trámite procesal -la citación-, para el que "quizá" hubiera sido más adecuado "esperar".

"Simplemente se ha dado un trámite -dar traslado de la denuncia a los científicos- de una forma mecánica, pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que esa denuncia haya sido valorada jurídicamente", ha aclarado García Calderón, quien ha apostillado que, por razones de seguridad jurídica y por su trascendencia social, parece más "oportuno" hacer antes un pronunciamiento sobre "el fondo".

El fiscal jefe ha informado de que, tras la incoación de una diligencias previas tras una denuncia que provenía de un Juzgado gallego, se dictó una simple providencia citando a las personas a declarar como imputados.

Tras conocer las circunstancias de los hechos, consideró "mas razonable" que quedara suspendida esa imputación y se hiciera antes un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

La labor de la Fiscalía se centrará ahora en valorar la posible trascendencia penal de los hechos, para lo que estudiará el marco normativo existente como paso previo al pronunciamiento, que podría ser el archivo, como ya ha ocurrido en casos similares.

Esta investigación judicial partió de un Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela, donde una ciudadana presentó una denuncia dirigida contra cuatro científicos del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada, entre ellos el actual director, Pablo Menéndez, y su antecesor en el cargo, Ángel Concha, en la que sostenía que investigar con preembriones es anticonstitucional y supone un atentado contra la vida.