La Fiscalía recurre la causa sobre la represión franquista

Por Blanca Rodríguez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso el lunes un recurso de apelación contra el auto del juez Baltasar Garzón en el que se declaraba competente para investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen franquista.

La Fiscalía afirma en un comunicado que la Audiencia no tiene competencia para investigar esas desapariciones por no tratarse de un asunto sujeto a las reglas de la justicia universal, y en este sentido señala que debe corresponder la investigación "a los Juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades".

Garzón se declaró el pasado jueves competente en un auto en el que señaló que los actos de represión franquista eran delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad, por lo que consideraba que los hechos no habían prescrito ni estaban amparados por la Ley de Amnistía de 1977.

La Fiscalía cuestiona sin embargo toda esta argumentación, y recurre al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia "teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de las cuestiones que son objeto de discrepancia".

La investigación de Garzón pretendía unificar los datos sobre represaliados y recopilar información sobre las fosas comunes desperdigadas por el país, ya que no existe un registro oficial de desaparecidos del franquismo.

El magistrado ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante la guerra de 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951.

Aunque la Fiscalía explica que su recurso no suspende las medidas de localización, identificación y exhumación de restos humanos acordadas por Garzón, sí señala que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica permite todas estas actuaciones.

El auto del magistrado autorizaba 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca, y apelaba a la necesidad de proteger a las víctimas "ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad".

La Fiscalía señala sin embargo que la protección de los derechos de las víctimas queda garantizada por las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica, que considera el cauce idóneo para restablecer y tutelar esos derechos.

"Convierte en realidad la justa pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de esos miles de personas, de ofrecer la necesaria reparación moral que su consecución supone para los familiares (...) y formaliza el reconocimiento de una injusticia histórica, articulando las medidas precisas para la efectividad de la reparación", señaló la Fiscalía..