La Fiscalía pide 20 años de cárcel para los etarras "Mobutu" y Chivite

La fiscalía pidió hoy 20 años de cárcel para la pareja de etarras formada por Félix Alberto López de Lacalle, "Mobutu", y para Mercedes Chivite, a los que situó en las instancias dirigentes de la banda, dentro de la cual tenían la responsabilidad de las compras internacionales, sobre todo, armas.

El fiscal del Tribunal de lo Criminal de París, Jean-Claude Kross, también solicitó que dos tercios de esa pena contra cada uno de los dos etarras -que ya habían sido condenados previamente en Francia por su pertenencia a ETA- sean de cumplimiento efectivo, y que al terminarla sean expulsados de forma definitiva de Francia.

"Estos acusados son a la vez culpables y peligrosos", destacó Kross, quien aludiendo a la actitud de la pareja durante este proceso iniciado el pasado lunes puso el acento en que "no tienen remordimientos" por los hechos que se les imputan y que "la cuestión de la reinserción no tiene sentido" con ellos.

"No hay perspectivas de reinserción" porque "se consideran integrados" en la lucha etarra, argumentó el fiscal antes de calificar esa posición de "fanatismo ciego", y de insistir en su "culpabilidad sin la menor duda" de la decena de cargos por las que cada uno de ellos está procesado.

Respecto a su función dentro de ETA, afirmó que hasta su arresto el 2 de abril de 2004 en una vivienda rural cerca de Angulema eran "responsables de la estructura internacional para la obtención de armas" para lo que dispusieron de "importantes sumas" de dinero.

A su juicio, no sólo no podían ignorar que ese dinero procedía esencialmente del llamado "impuesto revolucionario", que "es lo que financió la actividad terrorista de los acusados" al memos mientras vivieron en la clandestinidad en Francia desde comienzos de los años 90, sino que "apoyan totalmente las extorsiones" a empresarios.

Kross consideró que "Mobutu" y Chivite estaban "implicados en las instancias dirigentes" de ETA, incluido el comité ejecutivo (máximo órgano de decisión de la banda) a la vista de la documentación que tenían en su poder y que "estaban en relación con los jefes de las estructuras más elevadas".

En este sentido, subrayó la "relación especial" que la pareja mantuvo con los sucesivos responsables del aparato logístico Asier Oyarzábal Chapartegui y Félix Ignacio Esparza Luri, ambos en prisión en Francia actualmente.

De López de Lacalle Gauna (49 años) el fiscal recordó que ya fue sentenciado a siete años de cárcel (que cumplió entre 1994 y 2000), que al salir de la prisión huyó para evitar ser expulsado de Francia (lo que le ha valido una segunda pena de dos años y medio), y comentó que la "peligrosidad estructura su personalidad", que incluye tintes de "seductor" y "manipulador".

También al hablar de Chivite Berango (50 años) -con la que "Mobutu" se ha casado en prisión- indicó que es reincidente, puesto que fue condenada en 1998 en rebeldía a 5 años de cárcel, y que como él tiene pendiente su extradición a España por atentados cometidos cuando ambos integraban presuntamente distintos comandos de ETA.

La abogada de la defensa, Xantiana Cachenaut, criticó el "régimen de excepción" al que han sido sometidos sus clientes desde su captura que, en su opinión, queda en evidencia con el hecho de que lleven casi seis años en prisión preventiva.

Cachenaut se quejó de que con la pena solicitada por el fiscal se intenta el "establecimiento de una responsabilidad colectiva" de sus clientes, a los que -según su análisis- no se les puede imputar el uso de fondos de ETA a sabiendas de que procedían de la extorsión.

Citando a los policías antiterroristas que declararon durante este proceso -iniciado el pasado lunes-, la letrada negó la afirmación de Kross de que los dos acusados hubieran formado parte del comité ejecutivo de ETA, y más generalmente refutó que se hubiera demostrado su papel de dirigentes.

Por eso, consideró que la calificación de los delitos que se podrían mantener contra López de Lacalle y Chivite podría implicar a lo sumo una pena de diez años.

Esta tarde el Tribunal tiene previsto dar la palabra a los acusados antes de dejar el juicio visto para sentencia, que se hará pública varias horas después.