El fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar, que investiga los delitos de odio y discriminación, coordinará las actuaciones del ministerio público contra la violencia callejera, ante posibles incidentes en los eventos masivos que tendrán lugar en los próximos meses en Barcelona.
En una instrucción interna, fechada el pasado viernes, 20 de abril, el fiscal jefe de Barcelona, Martín Rodríguez Sol, designa a Miguel Ángel Aguilar como coordinador en materia de violencia urbana, después de que así se lo planteara el conseller de Interior, Felip Puig, tras los incidentes de la huelga general del 29M.
Según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía, a diferencia de las áreas en las que existe un fiscal especializado, como la de Odio y Discriminación, Aguilar no supervisará la actuación de los fiscales en los casos de violencia callejera, sino que su papel será el de mero interlocutor con los Mossos d'Esquadra para garantizar la fluidez de las informaciones entre ambas instituciones.
Esa responsabilidad, según las mismas fuentes, podría ser temporal, en previsión de las evolución de los eventos de riesgo previstos para las próximas semanas, y no implicará que sea Aguilar quien supervise todos los casos, aunque sí se responsabilizará de garantizar el principio de unidad de la actuación fiscal en los distintos procedimientos abiertos.
En su nota interna, el ministerio público acuerda designar a ese fiscal especializado en violencia urbana, ante el temor "fundado" de que en los próximos meses puedan repetirse disturbios como los que ocurrieron en la huelga general, con motivo de protestas por los ajustes sociales y económicos y la celebración de cumbres políticas y acontecimientos deportivos.
De hecho, a partir de la próxima semana se celebrarán en Barcelona varios actos para los que los Mossos d'Esquadra, e incluso la Policía Nacional y la Guardia Civil, establecerán operativos especiales de orden público, como el Día del Trabajo -1 de mayo-, la cumbre de presidentes de bancos centrales europeos -el 3 de mayo- o el primer aniversario del movimiento de los indignados del 15M.
En la instrucción de la fiscalía se recoge que durante el 29M "una minoría cualitativamente significativa de personas" organizó y protagonizó "graves desórdenes públicos", en algunas ocasiones previamente planificados, que supusieron un "grave peligro" para numerosas personas y bienes y que deterioraron la imagen internacional de Barcelona.
Tras los disturbios ocurridos el 20M, el conseller Puig anunció que había trasladado a la fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, su propuesta para designar a un fiscal especializado en violencia urbana, con el objetivo de que se unificaran los criterios de actuación para combatir a las denominadas "guerrillas urbanas".
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