Fernández se enreda en una guerra de medios politizada

Qué pensar de un país que adelanta sus comicios legislativos al mes de mayo aún cuando el nuevo Parlamento sólo puede configurarse al final del año electoral? ¿Qué debe hacer ese Gobierno si, además, pierde la mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado? ¿Cómo juzgar el hecho de que, ante su descalabro en las urnas, el Ejecutivo acelere proyectos de ley que no podrá sacar adelante en las nuevas cámaras?

Ese país es Argentina. Y eso es lo que está sucediendo estas semanas con la reforma a la ley de radiodifusión que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pretendía aprobar antes de que los diputados y senadores que fueron elegidos en las elecciones del 28 de junio asuman su escaño el 10 de diciembre.

Y así ha pasado. El Parlamento argentino ha aprobado esta madrugada el polémico proyecto de ley por 146 votos -del oficialismo y grupos minoritarios afines-, 3 votos negativos y 3 abstenciones y que, como se preveía, ha provocado el rechazo frontal de opositores y grandes medios del sector audiovisual,

La jefa del Estado ha sacrificado su relación con las telefónicas para garantizarse apoyos

La jefa de Estado justificó el adelanto de los comicios, en los que se renovó la mitad del Congreso y un tercio del Senado, por la incertidumbre que podría causar la crisis económica. Era mejor, según explicó, superar una campaña electoral permanente y trabajar así "en un clima tranquilo, no electoral". Parte de la oposición lo entendió como una táctica para evitar una derrota aún más contundente en octubre, cuando debían haberse celebrado las votaciones.

En cualquier caso, el sistema político argentino está tan enredado que las alianzas se hacen y deshacen al compás de los decretos, de los proyectos legislativos o de las elecciones que se avistan en el horizonte. La pertenencia a un determinado partido no siempre significa asumir sus postulados a rajatabla.

La conmoción que causaron los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez en 2003 al impedir que Rafael Simancas fuera investido como presidente de la Comunidad de Madrid tuvo aquí su equivalencia en el vicepresidente Julio Cobos cuando el año pasado votó en contra de una resolución del Gobierno a favor de aumentar las retenciones a las exportaciones de granos.

El Gobierno acelera la aprobación de leyes antes de la formación del nuevo Parlamento

La única diferencia es que Cobos no proviene de la coalición de los Kirchner sino del radicalismo, la otra gran fuerza política histórica que cobró vigor al mismo tiempo que el peronismo. Este reajuste de bancadas es constante en Argentina. Los partidos políticos se unen en extrañas alianzas electorales aun cuando sus programas sean casi antagónicos.

En el último pulso político, el de la ley de medios, la presidenta Cristina Fernández decidió sacrificar su relación con las empresas telefónicas con tal de garantizarse el voto de todos sus parlamentarios a favor de una nueva norma sobre medios audiovisuales. El debate era enorme y el pulso comenzaba a caer en contra de los postulados kirchneristas, más por el poder personalista de los gobernadores de las provincias que por la fuerza política del Partido Justicialista. Se espera, por ejemplo, que los cinco diputados y los dos senadores que obedecen al gobernador peronista Mario Das Neves, de la provincia de Chubut (al sur del país), voten en contra del proyecto aunque todos ellos pertenezcan al partido de los Kirchner.

El Gobierno vive en un permanente estado de ansiedad, calculando sus fuerzas en todos los ámbitos de poder pese a que ya tienen asumido que varios de sus legisladores rechazarán la reforma. Su objetivo es aglutinar apoyos de diputados radicales y de históricos opositores. Conocedora de que el nuevo Parlamento puede hacerle la vida política imposible a partir de diciembre, Cristina Fernández ha cedido en el caso de las telefónicas pero se ha asegurado parte de los votos del centro-izquierda que exigía la salida de las compañías de este sector en el proyecto de la ley sobre radiodifusión. Hoy, el Congreso ha dictado sentencia.

Los grupos opositores buscan un líder con carisma cara a las presidenciales de 2011

La presidenta logró reunir los votos suficientes tras un intenso debate que se prolongó durante más de 13 horas y que terminó con la retirada de la oposición para no participar en la votación. Así, diversos funcionarios de su Gobierno seguirán aireando las bondades de una reforma que consideran crucial para acabar con los monopolios. En el texto que hoy fue debatido, el oficialismo reduce de 34 a 10 las licencias de radio y televisión que pueden tener las empresas y cede un tercio de los permisos a las organizaciones sin ánimo de lucro. El criterio inversionista reflejado es fijar el tope aportado por el capital extranjero en el 30%.

Parte de la oposición de centro-derecha se oponía al proyecto por considerar que el Gobierno utilizará para su beneficio propio el organismo público que estará encargado de aplicar la ley. Algunos diputados pedían que se elimine el artículo que establece la revisión de las licencias cada dos años, porque lo consideran una injerencia peligrosa en los medios de comunicación.

Volviendo la vista a las elecciones celebradas en mayo en la provincia de Buenos Aires, allí surgió como principal fuerza ganadora la Unión-Pro, una alianza que unió al empresario colombiano Francisco de Narváez con el también magnate, ex presidente del equipo de fútbol Boca Juniors y alcalde de la capital del país, Mauricio Macri; y a Felipe Solá, que hasta entonces era diputado provincial por el Frente Justicialista y que renunció a su escaño para presentarse como diputado nacional en una alianza que en principio parecía tener poco que ver con él.

De modo semejante, los comicios pasados vieron surgir otra coalición tan heterogénea como compleja de entender políticamente. Se denominó Acuerdo Cívico y Social (ACS) y el éxito fue inesperado, al convertirse en la segunda minoría del país en el nuevo arco parlamentario que se conformará en diciembre. El ACS unió en sus filas a socialistas, a radicales y a la Coalición Cívica, que a su vez es una confederación de partidos que preside Elisa Carrió, la misma que quedó segunda, aunque a gran distancia de Cristina Fernández, en las elecciones presidenciales de 2007.

Este tipo de alianzas han ido surgiendo para enfrentarse al liderazgo de los Kirchner, pero por ahora carece de una figura opositora con el suficiente carisma como para medirse a Cristina en las urnas. Los analistas aportan nombres con cuentagotas: Cobos, al frente del radicalismo, y Macri, como líder de Unión-Pro. Pero la falta de una dirección convincente, capaz de aglutinar a toda la oposición, dificulta el nacimiento de una figura lo bastante poderosa como para derrotar a los Kirchner en las elecciones presidenciales de 2011.