Al menos 13 entidades bancarias estarían incumpliendo la ley que les obliga a tener teléfonos gratuitos. Así lo detalla Facua-Consumidores en Acción, que ha interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio que dirige Alberto Garzón.

Es el caso, por ejemplo, de Bankoa, Evo Banco e ING, que –según la asociación en defensa de los derechos de los consumidores– "no facilitan línea telefónica gratuita alguna", proporcionando "exclusivamente" líneas geográficas para ello. 

Al menos cinco de las diez entidades restantes –Banco Sabadell, Bankinter, WiZink Bank, Banco Cetelem y Cajamar– disponen de líneas gratuitas pero, avisan desde la asociación, están restringidas "al desarrollo de determinadas gestiones concretas", lo que supondría un incumplimiento del deber de proveer al usuario de "una línea gratuita que garantice la atención de los usuarios en un sentido amplio".

Las otras cinco –Andbank, Banco Caminos, Finantia, Banca March e Ibercaja–, pese a que disponen de teléfonos gratuitos, hacen uso de "banners estáticos" que, en esencia, lo que buscan es "generar confusión a los consumidores" a través del anuncio de líneas de prefijo geográfico. Una práctica que, según Facua, va encaminada a que los usuarios "contacten a través de numeraciones con coste".

Obligadas por ley

Desde Facua insisten en que la legislación española es clara al respecto: "En los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen".

La asociación recuerda a los usuarios que, en el caso de que se vean obligados a llamar a líneas de alto coste, tales como 902, 901, 806 u 807, están en su derecho de reclamar a las empresas "el abono de las cantidades que tengan que pagar por ello a sus compañías de telecomunicaciones".