Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos indica que Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo imputado en este caso, pudo suscribir compromisos de pago por valor de 15 millones de euros en los dos días anteriores a su cese.

En el informe sobre el restaurante sevillano Río Grande, al que ha tenido acceso Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que entre los trece beneficiarios de dicho ERE hubo dos intrusas: Carmen Fontela, una pensionista de 67 años que nunca había trabajado en la empresa, y María José Rosa Aparicio, amiga de la dueña del negocio.

Sobre esta segunda beneficiaria, ya fallecida, la UCO indica que fue contratada en Río Grande en enero del 2005, tres meses antes de cumplir la edad de jubilación de 65 años y seis meses antes de que en el mes de julio se aprobase el ERE.

La Guardia Civil llama la atención sobre el hecho de que el ERE de Río Grande se presentó debido a que "sobraban empleados de edad avanzada y escasa formación" y esta mujer fue contratada pese a que carecía de experiencia y la última vez que había estado dada de alta en la Seguridad Social fue en 1993.

También recoge que ya en el 2003 se hizo un primer intento de incluir a Carmen Fontela y a Juan Lanzas -exsindicalista de UGT mediador en varios de los ERE investigados- como beneficiarios en la póliza de Mercasevilla, si bien luego Lanzas y su esposa fueron incluidos en el de la empresa malagueña Hitemasa.

En el caso de María José Rosa, la póliza preveía para ella una percepción entre el 2005 y el 2013 de 106.437 euros, si bien debido a su fallecimiento solo llegó a cobrar 10.146 euros.

Entre otros hechos, la Guardia Civil dice que "llaman la atención los gastos externos" del ERE de Río Grande, incluidas las comisiones, que superan el 18 por ciento hasta totalizar 258.113 euros.

En cuanto al expediente, la UCO afirma que la Junta tramitó y concedió una ayuda extraordinaria "prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo" y que de lo investigado se deduce que se utilizó una figura de subvención excepcional "con una frecuencia tal que desvirtúa una de sus principales características: la excepcionalidad de su uso".

Afirma además que el pago de las ayudas a Río Grande -en una prima que ascendió a 1.485.205 euros, de los que la empresa sólo pagaría el 10,5 por ciento- se hizo mediante el procedimiento de "pago cruzado", utilizado tanto por Guerrero como por su sucesor Juan Márquez, que no tiene "cobertura legal alguna" y que fue empleado para conceder muchas de las ayudas investigadas.