El fin de ETA acercará la libertad condicional a la mayoría de presos

No hay cuestión que abordar sobre los presos de ETA porque la ley ya marca los límites de la política penitenciaria de este Gobierno y de cualquier otro en el futuro. Esta es la postura del Ejecutivo central ante uno de los caballos de batalla de Bildu para los próximos meses. Pero igual que marca los límites, el Código Penal también prevé el acceso a la libertad condicional y a la flexibilización del régimen penitenciario. "Cumplir la condena completa no significa necesariamente tener que hacerlo en prisión", apuntan a Público fuentes gubernamentales.

En el caso de que la tregua de ETA se convierta en definitiva, sólo unas decenas de los 577 presos encerrados en España no podrán acceder a la libertad condicional en muchos años. Para obtenerla es necesario haber pasado en la cárcel las tres cuartas partes de la condena, si han sido juzgados antes de la reforma del Código Penal de 1995, o las dos terceras partes a partir de ese año. Son los terroristas condenados por delitos de sangre en la última década los que están más lejos de alcanzar ese mínimo.

La 'vía Nanclares' es la respuesta del Gobierno a las exigencias de Bildu

La posible derogación por el Tribunal Constitucional de la doctrina Parot no modificaría apenas este panorama. Los presos a los que se le aplica fueron juzgados por el Código Penal de 1973, lo que significa que llevan décadas en la cárcel y, por tanto, tienen cumplida las tres cuartas partes del máximo de cumplimiento, 30 años en su caso. La doctrina Parot descuenta los días redimidos por el trabajo en prisión de la suma total de años de las distintas condenas, en lugar de hacerlo de ese máximo de 30 años.

Otra cuestión es el acceso a un cumplimiento flexible de la pena, por ejemplo a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Con su aplicación, cuatro exmiembros de ETA condenados por terrorismo salen a trabajar todos los días de la prisión de Nanclares de Oca (Álava) y regresan por la noche. Lo hacen con el permiso del juez de Vigilancia Penitenciaria, que ha valorado su renuncia a ETA, la petición de perdón a las víctimas, todo ello por escrito, y el pago de la responsabilidad civil. Aunque ese artículo del Reglamento puede ser aplicado en segundo grado, el juez José Luis Castro ha valorado que los cuatro beneficiados hayan cumplido al menos la mitad de sus largas condenas.

Interior inaugurará dos cárceles cerca de Euskadi en los próximos meses

Tanto para la libertad condicional como para la flexibilización del cumplimiento en la cárcel debe darse un pronóstico favorable de reinserción, redactado por la Junta de Tratamiento de la cárcel y ratificado por el magistrado. Es aquí donde dos factores marcarán el futuro de los reclusos: la posible desaparición de ETA y sus posiciones individuales respecto a la violencia. En el caso de que la banda decida no volver a matar, desaparece el riesgo de reincidencia y la necesidad de desvincularse definitivamente de ella, requisito este que frena todavía a un gran número de presos, temerosos de sufrir junto a sus familias la reprobación del colectivo.

A pesar de ello, una treintena de presos han dado el paso. Son los incluidos en la denominada vía Nanclares, por el nombre de la prisión donde han sido agrupados la mayoría de ellos. El Ministerio del Interior cifra en un 90% los condenados por terrorismo de ETA que renuncian ya a continuar con la violencia. Los que han ido expresando ese rechazo desde la ruptura del último proceso de paz han sido acercados al País Vasco. Primero a Villabona (Asturias) y Zuera (Zaragoza), centros a los que luego se sumaron otros del norte de España. En Nanclares de Oca cumplen condena aquellos que han ido más lejos en su desmarque de la violencia y han puesto por escrito todos los requisitos que exige la ley. Esta es la opción que reserva el Gobierno para los presos de ETA.

La inmediata consecuencia de la renuncia de ETA sería el fin de la dispersión. Este ha sido el instrumento utilizado por los distintos gobiernos para evitar que la banda perviviera en el interior de las cárceles. Contra él se ha pronunciado una buena parte de la sociedad vasca, que denuncia el coste que tiene para las familias recorrer semanalmente cientos de kilómetros.

El Ministerio del Interior contará con dos nuevos centros estratégicamente situados entre finales de este año y principios del próximo: Norte I, en Iruña de Oca, también en Álava, y Norte II, en Pamplona.