Erne asegura que los ertzainas quieren apoyo y tomar la iniciativa contra la violencia

El portavoz del sindicato independiente de la Ertzaintza ERNE, Ernesto López de la Hidalga, ha asegurado que los ertzainas quieren "tomar la iniciativa" en la lucha contra la violencia terrorista, para lo que necesitan saber que su actuación va a contar "con el consiguiente apoyo de la jefatura".

En una entrevista concedida a Efe, el portavoz de ERNE, sindicato mayoritario en la Policía vasca, se ha mostrado convencido de que los ertzainas recibirán "con total normalidad" el posible relevo en la consejería de Interior, que ha dirigido el PNV desde su fundación.

López de la Hidalga ha considerado que el hecho de que los cambios en la lucha antiterrorista constituyan uno de los ejes del acuerdo que negocian PSE-EE y PP no afectará a los agentes porque "la lucha antiterrorista es uno de los elementos que compete a la Ertzaintza y el colectivo no se ve alterado por un cambio en esta situación; es el trabajo que tienen que realizar y lo van a hacer con toda la normalidad del mundo".

En la lucha contra la violencia terrorista, según ha dicho, los ertzainas "pretenden tener la iniciativa en la calle y que se les permita trabajar" porque "no pueden estar a remolque de los acontecimientos" para "reaccionar".

Para ello, ha considerado imprescindible que los agentes sepan que "lo que vayan a hacer contará con el consiguiente apoyo de la jefatura" y de la Justicia.

"Si (el ertzaina) no se siente arropado, más allá de que pueda haber o no otras directrices políticas, se va a mermar su seguridad" a la hora de llevar a cabo una actuación policial, ha indicado.

López de la Hidalga ha emplazado a quienes sean los responsables del nuevo departamento vasco de Interior a conseguir que la Ertzaintza pueda participar en los mecanismos policiales contemplados en el Tratado de Schengen y en las unidades conjuntas franco-españolas que actúan contra ETA en el país vecino.

"Es algo que no se puede aplazar por más tiempo. La sociedad exige resultados y, si hay un elemento que favorece la información (sobre ETA), la Ertzaintza tiene que estar ahí porque tiene mucho que decir en la lucha antiterrorista y además tenemos frontera" con Francia, ha añadido.

El representante de ERNE ha reclamado también la ampliación de la plantilla de la Policía vasca en al menos 1.000 agentes más para poder dar una "cobertura coherente y racional" en materia de seguridad ciudadana y aumentar la presencia de patrullas en las calles, cuyo número ha disminuido, entre otras razones, por el aumento del número de agentes que se tienen que dedicar a la protección de las personas amenazadas por ETA.

"No hay suficientes ertzainas, es un problema numérico, no sólo de organización", ha dicho después de criticar que el departamento de Interior "ha primado en exceso la calidad del servicio y ha destinado demasiado personal a controlar esa calidad" en vez de hacer labores de seguridad ciudadana.

En cuanto a las demandas laborales a los próximos rectores de la Ertzaintza, ERNE sitúa en primer lugar "recuperar la comunicación y la negociación que hoy no existe porque el departamento se ha autoexcluido y obvia a los sindicatos".

Convencido de que las relaciones laborales mejorarán con el PSE-EE, López de la Hidalga ha comentado como los primeros problemas a solucionar el establecimiento de la jubilación de los ertzainas a los 60 años, la elaboración de un nuevo decreto de Segunda Actividad porque el actual "está desfasado y no se cumple", y el reconocimiento para los ertzainas de los permisos y licencias establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La implantación de un plan de euskaldunización de la Ertzaintza "progresivo y racional" y que "no suponga la prevalencia de unos funcionarios sobre otros" y la aplicación de la "libre designación" de mandos policiales mediante criterios de "profesionalidad y no de otros elementos", como la afinidad política, serán otras de las demandas de ERNE.

Este sindicato exigirá también el desarrollo de la carrera profesional para evitar la actual situación, en la que 1.500 funcionarios están habilitados para puestos de superior categoría sin haber recibido la formación correspondiente y sin concursos y convocatorias públicas.