Los empleados de Sintel cobran su indemnización 12 años después de la quiebra

Los trabajadores de Sintel, antigua filial de Telefónica que quebró en 2001, han comenzado este jueves a cobrar sus indemnizaciones después de que la empresa MasTec haya depositado en la Audiencia Nacional los 35 millones acordados con los afectados que, doce años después, ya pueden hacer "borrón y cuenta nueva".

El presidente de la asociación de extrabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, ha explicado que de esa cantidad, 11,3 millones están destinados a los planes de pensiones, de los que se beneficiarán 2.900 personas, mientras que los 23,6 millones restantes irán a parar a indemnizaciones para aproximadamente 1.300 empleados. Cada uno de ellos, que tendrán un plazo de seis meses para recoger sus cheques, percibirá una cifra que oscila entre los 12.000 euros, en aquellos casos en los que ya hubieran cobrado una parte de sus indemnizaciones en 2006 y 2008, y 30.000 euros de máximo.

"Todos los trabajadores sin excepción han percibido los salarios que nos dejaron a deber, la indemnización legal y otra por daños morales, además del plan de pensiones que nos adeudaban. Nadie puede decir que le han dejado a deber un céntimo", ha afirmado Jiménez. En todo caso, ha mostrado la satisfacción en nombre de todos los afectados antes de subrayar que "a partir de ahora borrón y cuenta nueva" tras haber conseguido poner "punto y final" a la batalla judicial.

Una batalla que se cerró el pasado junio con el acuerdo por el que la familia Mas Canosa, propietaria de esta filial de Telefónica quebrada en 2001, abonará 35 millones de euros a sus extrabajadores y acreedores, evitando así el juicio que había fijado por la Audiencia Nacional para el 20 de ese mes. Para conseguirlo, fue determinante la actuación de la sección segunda de la sala de lo penal, que en abril acordó la exclusión del procedimiento de los órganos de la quiebra de Sintel: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Fogasa y Telefónica.

Los ocho acusados, todos ellos directivos de la compañía, se enfrentaban a penas de entre dos años y medio y cinco años y medio de prisión por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública. Entre ellos, cuatro españoles: Ricardo Campos, exconsejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, exconsejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel y Pedro José Novela, exdirector financiero. Además, Joel Tomas, exconsejero de Sintel y de MasTec International; José Miguel Sariego, exvicepresidente de MasTec Incorporated; y Jorge Mas Santos, que fue presidente de esta última sociedad y expresidente de Sintel; y su hermano Juan Carlos Mas Santos, exconsejero de MasTec International y de Dintel.

En 1996, Telefónica vendió su filial, fundada en 1975 y especializada en la instalación de líneas y redes de cables, al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros). A partir de entonces, según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de vaciamiento patrimonial que la llevó a la quiebra de la empresa en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.

Varios centenares de empleados llevaron su protesta en enero de ese año al paseo de la Castellana de Madrid, donde permanecieron acampados durante seis meses frente al Ministerio de Economía para exigir la intervención del Gobierno. El llamado "Campamento de la Esperanza" se desmanteló tras llegar a un acuerdo con las autoridades laborales para la recolocación de los trabajadores, mientras el Congreso de los Diputados aprobó una resolución que instaba al Ejecutivo a impulsar un proceso de negociación entre las partes afectadas.