Fue una de las promesas del Gobierno y al borde de su legislatura la ha llevado a cabo. Las empleadas de hogar, como ya rezaba en la ley de la que ayer se aprobó el reglamento, tendrán a partir del próximo 1 de enero muchos más derechos que hasta ahora, empezando por su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

La principal novedad es que estas trabajadoras deberán cobrar, al menos, el salario mínimo interprofesional (8.979,6 euros al año por jornadas completas) y tendrá que ser en dinero y no en especie. Si a partir de ahí su empleador quiere pagarle con manutención, por ejemplo, podrá hacerlo, pero siempre que no supere el 30% de los emolumentos totales. En la norma vigente, que data de 1985, pueden alcanzar el 45%, aunque en muchos casos lo supera dado que tradicionalmente se han realizado los acuerdos de viva voz entre el empleador y el trabajador y no se han atendido a este tipo de condiciones.

Para cumplir con uno de los grandes objetivos de esta norma, que es reducir la precariedad en este sector, el Gobierno ha impuesto ahora que los contratos de estas trabajadoras se formalicen por escrito.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que ayer explicó esta normativa al término del Consejo, calculó que gracias al nuevo marco legal en el que se moverá este sector se prevé que afloren unos 150.000 cotizantes a la Seguridad Social. Pero no será de repente, será de forma 'progresiva', admitió. En todo caso, la norma beneficiará a 700.000 personas ocupadas, de las que 300.000 son afiliadas.

Por ahora, no se contempla que estas empleadas vayan a tener derecho a cobrar paro, pero sí estipula la creación de una comisión para que analice la mejor fórmula para cubrir esta contingencia. El plan, aunque dependerá de lo que decida el nuevo Gobierno, es que dedique todo 2012 a hacer el dictamen y que se apruebe durante 2013. La fórmula podría ser similar a la que se aplicó con los trabajadores autónomos, a los que finalmente se dio la oportunidad de cotizar para el cese de actividad.

Los sindicatos CCOO y UGT, que participaron en la elaboración de la norma, se mostraron ayer muy satisfechos con su aprobación. CCOO destacó que 'va a permitir acercar los derechos de quienes prestan sus servicios en esta actividad a los del resto de trabajadores'. UGT, por su parte, apuntó que 'dignifica tanto las condiciones de trabajo como su protección social'.