La Cámara de Representantes estadounidenses aprobó ayer imponer un impuesto del 90% sobre los bonus por los ejecutivos de las empresas rescatadas con dinero público. Los legisladores acordaron la medida por amplia mayoría, después del escándalo que causó la noticia de que AIG, el gigante asegurador que más fondos ha recibido de Washington para evitar la quiebra, distribuyó 165 millones de dólares en primas a sus empleados.

La iniciativa fue aprobada por 328 votos a favor y tan sólo 93 en contra, con el respaldo de muchos representantes republicanos. Estipula que los responsables de las empresas que hayan recibido más de 5.000 millones de dólares del TARP (el plan de rescate financiero gubernamental) deberán básicamente darlo todo a Hacienda a partir de 250.000 dólares de bonus, medida aplicable con carácter retroactivo a las instituciones subvencionadas desde el 1 de enero de este año.

'Queremos nuestro dinero de vuelta y lo queremos para los contribuyentes', dijo la presidenta de la Cámara, la representante de California, Nancy Pelosi. La iniciativa legislativa era una de las pocas armas de las que disponía el Congreso ante la imposibilidad legal de retocar los acuerdos negociados en AIG.

La decisión parlamentaria está claramente diseñada para que reintegren su dinero los directivos de AIG, pero otras entidades también podrían resultar afectadas. Se espera que el Senado ratifique la ley la semana que viene.

Ante el escándalo, que se ha convertido en el peor lastre del rescate financiero promovido por el Gobierno, algunos de los ejecutivos agraciados ya habían anunciado que devolverán sus primas, siguiendo las instrucciones lanzadas por el presidente de AIG, Edward Liddy durante una agitada comparecencia en el Comité de Asuntos Financieros. Entre ellos está Douglas Poling, que recibió la mayor recompensa: 6.4 millones
de dólares.