Los discapacitados psíquicos reivindican su derecho al voto

Isabel Bel tiene síndrome de Down y cumplirá 22 años unos días antes de los próximos comicios del 22 de mayo. Pero no podrá meter su sobre en la urna porque el juez que la ha incapacitado parcialmente a instancias de sus padres "para protegerla" también ha dictaminado que no está capacitada para votar. Isabel sabe leer y escribir y cada día coge sola el autobús desde su pueblo, Almacelles, hasta Lleida, donde asiste a los cursos de la Asociación Down de la provincia.

El caso de Isabel no es aislado. Miles de personas con discapacidad intelectual tienen negado el derecho al voto, a pesar de que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2007, establece que estas personas tienen el mismo derecho a votar que el resto de ciudadanos.

La ONU señala que las personas con discapacidad también deben votar

Precisamente hace unos días, la Audiencia de Guipúzcoa dictó una sentencia pionera en que reconoció el derecho al voto de un joven con síndrome de Down de 27 años.

Las reivindicaciones del colectivo van más allá del reglamento que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que pretende facilitar que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto en las elecciones del próximo 22 de mayo.

Las asociaciones denuncian que los jueces incapacitan automáticamente

Y es que las medidas del Gobierno van destinadas sobre todo a las personas con discapacidad física. Así, mejorarán la accesibilidad a los colegios electorales y harán que la información sobre cómo ejercer el derecho al voto sea más clara y directa; y facilitarán el transporte de las personas con movilidad reducida. También habrá intérpretes para que los miembros de las mesas sordos se puedan comunicar con los electores.

Alrededor de cuatro millones de personas se verán beneficiadas por este reglamento, aunque este no será el caso de Isabel, que en las elecciones municipales de 2007, cuando acababa de estrenar la mayoría de edad, sí acudió ilusionada con su madre a elegir alcalde. "Me lo pensé mucho", asegura.

Unos meses después, su madre solicitó su incapacitación parcial. Esta opción judicial la escoge la mayoría de familiares de personas con discapacidad intelectual para protegerles, por ejemplo, de algún timo que les deje la cuenta bancaria a cero.

El Gobierno aprobó ayer medidas para eliminar barreras a la hora de votar

Históricamente, las familias les aplicaban la incapacidad jurídica total y se convertían en sus tutores. Los tiempos han cambiado y las asociaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual reclaman un nuevo modelo en el que se potencia su autonomía.

Pese a que la madre de Isabel afirma que acordó con la fiscal que incapacitarla parcialmente no eximiría a su hija del derecho de sufragio, el juez no lo vio de la misma forma. "Desde pequeña, tenía ganas de votar, yo le explicaba las opciones, ella conoce a los candidatos y acabó votando a quien quiso" en 2007, explica la madre. Sin embargo, Isabel no pudo votar el año pasado en las autonómicas y si el juez no revoca su incapacidad, tampoco podrá hacerlo dentro de dos meses. Su madre recurrirá la decisión.

La Ley Electoral establece que sólo una sentencia firme puede eximir de este derecho a una persona. "Muchas sentencias de incapacidad retiran el derecho al voto, pero esa negativa no puede existir", reivindica el gerente de Down España, Agustín Matía. "La Convención establece que se deben determinar qué apoyos necesitan estas personas para votar. Se trata de hacer accesible el conocimiento", añade. Por ejemplo, se deben adecuar los materiales a las necesidades de estas personas, aumentando el tamaño de la letra y redactando los mensajes de forma más comprensible.

"¿Todo el mundo que vota está capacitado para ello, conoce los programas y reflexiona a fondo? Si estableciéramos ese criterio sólo tendrían ese derecho los catedráticos universitarios", plantea crítico Matía.

El vicepresidente de la Confederación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), Mariano Casado, denuncia que "los jueces impiden el derecho al sufragio de forma automática al dictaminar la incapacitación". Casado recuerda que recientemente la Fiscalía ha dado instrucciones a los fiscales "para que no actúen de forma automática y analicen los casos más concienzudamente". "En muchos casos sí están capacitados para votar y se debe respetar que son ciudadanos de pleno derecho", agrega.

La experta en la aplicación del Convenio de Derechos Humanos del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Ana Sastre, insiste en que existe "un claro abuso de los jueces" a la hora de dictaminar la incapacidad en el voto.

Esta forma de actuar también afecta a las personas con enfermedad mental. "¿Hasta qué punto una persona con cierta incapacidad puede votar o no? La mayoría vive el 80% de su tiempo con normalidad", plantea el presidente de la Confederación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Valencia, Julián Marcelo. "Es una incapacidad más social que personal", denuncia.