El gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasól) de la Generalitat, Emili Mas, ha presentado su renuncia después de que su nombre apareciera el miércoles entre los 11 nuevos imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la llamada "operación Pretoria".

Según informó la Generalitat de Cataluña en un comunicado, Mas presentó su dimisión con el fin de "preservar el buen nombre del instituto y facilitar la instrucción del sumario".

Además, el Partido Socialista de Cataluña ha suspendido de militancia a Mas, según informaron diversos medios, después de que Garzón citara el miércoles a declarar a 11 nuevos imputados dentro de la investigación de una presunta trama de corrupción urbanística en varios municipios de Cataluña, de acuerdo a fuentes judiciales.

El magistrado ha llamado a declarar el jueves al ex alcalde de la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros, del Partido Popular, y al ex concejal de Urbanismo del mismo municipio Antonio Jiménez, del Partido Socialista de Cataluña, agregaron las fuentes.

Aunque la Fiscalía había solicitado la imputación de seis personas, el magistrado ha ampliado el listado hasta 11. El total de imputados en la operación destapada el 27 de octubre se eleva hasta 20, de los cuales cinco están en prisión.

El juez también ha dictado la puesta en libertad bajo fianza de 200.000 euros del tercer teniente de alcalde y responsable de Espacio Público y Urbanismo de la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet, Manuel Dobarco.

Garzón decretó prisión incondicional el pasado 30 de octubre para cinco de los nueve detenidos entonces en la operación, entre ellos para el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz, los ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, y para Luis Andrés García, un empresario al que considera uno de los máximos responsables de la trama, además de para Dobarco.

Cada uno de ellos está acusado de al menos tres de los siguientes delitos: asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y mercantil y encubrimiento.

Garzón decretó entonces prisión provisional eludible bajo fianza de 500.000 euros para Lluis Casamitjana, directivo de una empresa financiera, y José Singlá, administrador de una inmobiliaria; de 100.000 euros para Manuel Carrillo, responsable de una empresa de limpieza; y de 25.000 euros para Pascual Vela, director de los servicios municipales de Santa Coloma, por varios de estos mismos delitos.

Tanto CiU como el PSC anunciaron la suspensión de militancia de los encarcelados.

Según el auto de Garzón, las actividades del grupo consistieron en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, "aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás".

Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat, y Alavedra, ex consejero de Economía, habrían percibido al menos 637.590 euros por su intermediación en dos operaciones urbanísticas, mientras que Luis Andrés García, habría obtenido al menos ocho millones de euros, de acuerdo al auto del magistrado del 30 de octubre.

El dinero obtenido por estas actividades fue invertido tanto dentro como fuera de España "a través de entramados societarios que consiguen la ocultación de los bienes de origen ilícito".