Lluís Rabell
Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB)

Las fronteras de la Europa fortaleza se dibujan con sangre. La que se diluye en las aguas del Mediterráneo, que miles de inmigrantes no consiguen cruzar. La que tiñe las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Cuando aún no ha terminado el recuento de las víctimas de la última 'operación disuasoria' de la Guardia Civil en la playa del Tarajal, el Ministro del Interior justifica la brutalidad de los hechos con unas palabras aterradoras: 'Debemos defender nuestras fronteras'. ¿Defender? ¿De quién? ¿De qué? Decididamente, nadie va a salir indemne de esta batalla. La indecente declaración de Jorge Fernández Díaz nos envía un mensaje perverso: 'Si mal lo estáis pasando con la crisis... ¡imaginaos qué sucedería si no contuviésemos esa oleada migratoria!'. 'Invasión', 'asalto', son términos que se han instalado estos días en los medios de comunicación, trasladando a la opinión pública una sensación de temor hacia 'el otro', generalmente de tez más oscura.

El fenómeno, desde luego, no es español. En todo el continente, el populismo teñido de xenofobia está en alza. Las próximas elecciones pueden esbozar el mapa de una Europa corroída por el resurgir de sus viejos demonios. Y, al sur de los Pirineos, como en tiempos de Franco, España asume el papel de 'centinela de Occidente'. Ayer, contra la 'amenaza comunista'. Hoy, más prosaicamente, contra quienes huyen de la miseria... o de unas guerras instigadas por las grandes corporaciones multinacionales que se disputan las riquezas de África. Pero la lucha no sólo se libra en el umbral de las metrópolis, sino en su propio seno, destilando un veneno que emponzoña las democracias. Insidiosamente, la situación administrativa irregular se tilda de 'ilegal'... y ese término se equipara con la delincuencia. La existencia de los CIE refuerza esa percepción, normalizando la existencia de zonas grises, sujetas al arbitrario policial, donde los derechos humanos están en suspenso. Desde los poderes públicos y, singularmente, desde el gobierno del PP se practica así un racismo institucional y se siembran las semillas de un conflicto de pobres contra pobres.

Siempre restrictiva en sus sucesivas versiones y concebida como un instrumento de gestión y control de la mano de obra inmigrada demandada en una etapa de crecimiento económico, la Ley de Extranjería se ha convertido ahora en una trampa para millares de inmigrantes y para sus familias. El paro crónico —sobre todo en sectores tradicionalmente empleadores de fuerza de trabajo inmigrada, como el de la construcción— ha empujado ya a muchas personas a retornar a sus países de origen. Pero otras muchas, al perder su trabajo, se ven en la imposibilidad de renovar sus permisos de residencia, cayendo en una 'ilegalidad sobrevenida' después de años de estancia y de enraizamiento en este país. La expulsión del sistema universal de asistencia sanitaria de las personas en situación irregular, decidida por el ejecutivo de Rajoy —en gran medida soslayada, es cierto, en algunas comunidades autónomas, como Catalunya—, añade a esa difícil situación un punto de inhumanidad y sordidez.

Es hora de darse cuenta que la discriminación y el acoso que sufre la inmigración no sólo atentan contra los derechos de ese amplio colectivo, sino que minan nuestra convivencia y amenazan, al cabo, las libertades y la dignidad democrática de la sociedad en su conjunto. Hace ahora trece años, a principios de 2001, se produjeron en Barcelona históricos encierros en numerosas iglesias, y huelgas de hambre de centenares de inmigrantes 'sin papeles' que se prolongaron durante quince días. La lucha desató un movimiento de solidaridad ciudadana que acabó por vencer la resistencia del gobierno, forzándole a abrir un importante proceso de regularización. Hoy, lejos de mejorar, el escenario es aún más dramático. El caso, emblemático, de los asentamientos irregulares en las naves industriales vacías de Poblenou, tradicional barrio obrero de Barcelona, lo resume perfectamente. El pasado verano, los cientos de personas que ocupaban las naves, donde vivían en condiciones penosas recogiendo chatarra por las calles para subsistir, fueron desalojadas. Las naves fueron prestamente derruidas. Durante meses, con el apoyo de asociaciones vecinales y diversas entidades sociales, los y las 'sin papeles' hicieron gestiones, llenaron formularios y prepararon expedientes, aferrándose a la esperanza de una regularización en base a certificados de enraizamiento emitidos desde el Ayuntamiento y la Generalitat, que se comprometieron a ello para soslayar de este modo la exigencia previa de un contrato de trabajo. En vano. La Delegación de Gobierno bloquea el trámite, remitiéndose a decisiones de nivel ministerial.

No se trata, por desgracia, de un caso aislado. Y así lo pondrán de manifiesto el próximo fin de semana en Barcelona cientos de 'sin papeles' venidos de toda el área metropolitana. El domingo, 23 de febrero, celebrarán una jornada simbólica de ayuno para denunciar su situación y exigir una regularización administrativa que les permita, cuando menos, acceder en condiciones de igualdad al mercado laboral. Lo harán en algunas parroquias emblemáticas —en Sant Medir, que acogió la fundación de Comisiones Obreras en plena clandestinidad franquista, y en la iglesia del Pi, punto de partida del exitoso movimiento de 2001—, así como en la propia Plaza de Sant Jaume, frente al Ayuntamiento y la Generalitat. Numerosas entidades, desde SOS Racismo hasta el propio movimiento vecinal de la ciudad, pasando por sindicatos, representantes de la sociedad civil y cargos electos de izquierdas, acompañaremos esa protesta de quienes, privados de sus derechos, son sin embargo nuestros conciudadanos y conciudadanas. El futuro de un pueblo que sueña con decidir su destino camina aparejado al de la anhelada dignidad de esas personas. Ningún ser humano es ilegal.