Diez comunidades autónomas tardan de media 210 días dar las ayudas a las personas dependientes que ya tienen reconocido este derecho —Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía, País Valencià, Aragón, Balears, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias—. De ellas, hay cuatro que superan los 300 días —Extremadura, País Valencià, Asturias y Andalucía—, según se desprende del primer informe del Observatorio de la Dependencia, integrado por al Federación de Empresarial de la Dependencia (FED), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), AESTE, CC.OO y UGT.

En la presentación de este documento, los representantes de patronales y sindicatos del sector han denunciado el 'grave riesgo' de viabilidad del Sistema de Atención a la Dependencia ante la falta de financiación, la proliferación de normativa autonómica y estatal (más de 800 normas), la pérdida del 22,5% de empleo, los retrasos de más de 200 días por una mayoría de comunidades autónomas en dar servicios a las personas dependientes, entre otras causas.

En este documento se analiza, a partir de los datos oficiales —Tribunal de Cuentas, EPA y del IMSERSO—la situación de 'dificultad' por la que atraviesa este sector después de más de siete años de entrada en vigor de la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El presidente de la FED, José Alberto Echevarría, ha denunciado la opacidad que hay en torno a la fianciación aportada al sistema por las comunidades autónomas. Según ha advertido, las autonomías están financiando 'escasamente' el 30% de la ley, cuando ésta debería alcanzar el 50%. 'Que digan analíticamente [las comunidades] cuánto destinan a la dependencia', ha aseverado Echevarría, para añadir que 'poco debe ser' porque actualmente hay 184.000 dependientes a la espera de ser atendidos. En total, hay en España 924.000 dependientes reconocidos, de los que 726.000 reciben una prestación o servicio.

Asimismo, ha asegurado que algunas no efectúan el reconocimiento de las prestaciones hasta que disponen del crédito presupuestario para hacerla efectiva, restringiendo así el derecho subjetivo de los dependientes. También ha indicado que al no apostar los gobiernos autonómicos por los servicios residenciales (14%), hay actualmente 55.000 plazas vacías y han cerrado ya 400 residencias.

'Tenemos que parar y decir 'basta'', ha afirmado el presidente de AESTE, Jorge Guarner, que ha reclamado a los partidos políticos, que, esta ley, aprobada con el consenso de todos, 'está yendo por unos derroteros, que hay que corregir'. Asimismo, ha insistido en la necesidad de que se regule a nivel estatal la acreditación de servicios profesionales y el copago para la viabilidad del sistema.

La normativa relativa a la Ley de Dependencia es enorme, según constatan sindicatos y patronales, pues incluye más de 671 normas de comunidades autónomas y 134 estatales. Asimismo, alertan de la desigualdad de condiciones de acceso a las prestaciones del sistema en función de donde vive el beneficiario.

El informe pone en evidencia que no se ha logrado el objetivo de empleo previsto en la ley (300.000 contratos) y que, lejos de crecer, ha comenzado a caer desde 2012. En concreto, ha pasado de 184.000 puestos de trabajo en 2010 a 218.000 en 2012, pero en 2014 se sitúa en los 178.000 empleos. 'La pérdida de empleo es del 22,5%', ha alertado González, al tiempo que ha señalado que se trata de un sector muy feminizado.