La Policía Nacional ha desarticulado una organización, encabezada por una mujer en Sevilla y otra en Valencia, que estafaron presuntamente más de dos millones de euros para comprar pisos en supuestas subastas judiciales.

Las investigaciones, según un comunicado policial, se desarrollaron durante más de un año en torno a una banda "perfectamente organizada y ramificada, que ideó un sistema casi perfecto para estafar a numerosas víctimas, manteniéndolas engañadas durante mucho tiempo sin levantar sus sospechas".

Los cerebros de la organización eran dos mujeres que tenían todos los contactos y hacían creer a los inversores que iban a comprar inmuebles, a menor precio del valor que realmente tenían en el mercado, y que procedían de supuestas subastas judiciales.

Además contaban con un falsificador que facilitaba actas judiciales falsas de Juzgados de Instrucción, así como con dos "avisadores" o intermediarios que captaban posibles clientes.

El "modus operandi" consistía en buscar víctimas entre posibles inversores, labor de la que se encargaban los "avisadores", quienes se llevaban posteriormente una comisión.

Éstos convencían a las víctimas ofreciéndoles viviendas supuestamente procedentes de embargos judiciales y que por dicho motivo tenían un coste muy inferior a su verdadero precio en el mercado.

Una vez convencidos los inversores del "buen negocio" que podían realizar, entregaban una cantidad de dinero para señalar el piso, cifra que rondaba los 20.000 euros, aunque dependía del valor del inmueble que iban a adquirir en la subasta judicial.

Sin embargo, estos inmuebles "en ningún caso se encontraban inmersos en embargos judiciales y sus legítimos propietarios desconocían la participación de sus domicilios en este tipo de negocios", dice la Policía.

Con el dinero adquirido como señal y entregado a las dos cabecillas de la organización se jugaba en el mercado negro de préstamos a un alto interés y corto espacio de tiempo, con lo que se conseguían grandes beneficios sin arriesgar dinero propio.

Cuando los inversores pedían información sobre su compra, los "avisadores" les entregaban unas actas judiciales falsas, pertenecientes a Juzgados de Instrucción, donde se les informaba de los pisos que les había tocado en la subasta.

El falsificador proporcionaba los documentos falsos a cambio de 30.000 euros y de 7.000 euros si se trataba de realizar llamadas a los inversores, dotando de oficialidad todos los trámites.

Mediante este sistema la organización ha conseguido estafar más de dos millones de euros a nueve personas, aunque continúan las gestiones, ya que en la documentación intervenida por la Policía constan datos suficientes que hacen suponer a los agentes que existen más víctimas, explica el comunicado.