Los desalojos de 'okupas' avivan los pelotazos urbanísticos

¿Es lícito combatir la impunidad de un delito cometiendo otro? Cada desalojo okupa atrae a la opinión pública un viejo debate que la Constitución de 1978 creía resuelto. El artículo 47 de la Carta Magna deja claro que el Estado impedirá la "especulación" con el uso del suelo. La experiencia okupa de las últimas décadas otorga argumentos a los activistas frente a los propietarios. Público ha comprobado que el 50% de los edificios ocupados en Madrid en las últimas décadas permanece abandonado por sus dueños después de que un juez ordenara su desalojo.

"Un propietario de un coche que no paga las multas, ni el seguro, denuncia que un individuo se ha colado en su vehículo. El juez le dará la razón y ordenará a la policía echar del coche al okupa, pero no preguntará por los incumplimientos del dueño". Con ese ejemplo explica el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid Miguel Ángel Martínez la legitimidad de la denuncia okupa.

Dos dueños de casas ocupadas están relacionados con la Gürtel'

Ya hay administraciones que están tomando medidas contra los especuladores. Es el caso de Euskadi, que en su anteproyecto de la ley de vivienda regula las casas desocupadas. Los ayuntamientos podrán exigir a los dueños de inmuebles deshabitados durante más de dos años un canon anual.

Precisamente ayer, en Barcelona, un grupo de activistas comunicó, aprovechando una manifestación contra los recortes sociales, que el martes pasado ocuparon la sede del antiguo Palau del Cinema, en la Via Laietana, propiedad del Grupo Balañá. El edificio llevaba abandonado desde hace años, esperando una reforma.

El conflicto se agita además cuando el acusado de especulación es el propio Estado. El Ayuntamiento de Madrid adquirió en 1991 un edificio en el número 20 de la calle Corredera Baja de San Pablo para su uso ciudadano, como espacio social o como vivienda pública. Durante 20 años se esforzó en desalojar a cada vecino. Este edificio fue puesto en venta por diez millones de euros. La crisis ha obligado a bajarlo a cinco. Ni rastro de la vieja intención de adquisición para los vecinos.

"Se trata de uso de dinero público para el disfrute económico de una empresa pública o privada", analiza Martínez. El colectivo Patio Maravillas entró por la puerta a este abandonado inmueble el pasado 5 de enero. "Queremos hacer un centro de investigación de lo público. Estamos sufriendo un expolio de la propiedad pública", explica Javier, uno de los activistas. Para llevar a cabo su proyecto, han contactado con ONG, asociaciones e incluso concejales.

El Patio Maravillas es la versión más social del movimiento okupa. Su objetivo es denunciar la especulación y reclamar más servicios ciudadanos. Hace justo un año fueron desalojados del abandonado edificio del número 8 de la calle del Acuerdo, propiedad de la inmobiliaria Grupo 2 Reunidos S. L., cuyo presidente es Leopoldo Arnaiz, diseñador del plan general de ordenación urbana de Boadilla del Monte, y citado en una denuncia del caso Gürtel.

El propietario de un edificio desalojado está imputado en el 'caso Malaya'

El edificio de Arnaiz seguía vacío hasta hace dos meses, cuando cedió temporalmente su espacio a una parroquia que se había quedado sin sitio en el vecino convento de las Comendadoras. Tras el desalojo, los activistas anticapitalistas del Patio Maravillas se mudaron a dos céntricos inmuebles del ayuntamiento también abandonados.

Uno de esos espacios donde los activistas desarrollan actividades vecinales está situado en el número 21 de la calle del Pez y es propiedad de la inmobiliaria Procasa Promociones y obras S.A. desde 2006, cuando fue comprado a los herederos del marques de Murrieta Julián de Olivares y Bruguera por 11 millones de euros. Hasta la llegada del Patio Maravillas, hace justo un año, Procasa asociada en negocios inmobliarios con el imputado de la Gürtel Jacobo Gordon mantenía la casa abandonada.

En las últimas dos décadas han trascendido a la opinión pública 12 desalojos en Madrid. Los estudiosos del movimiento, como el sociólogo Miguel Ángel Martínez, autor de Okupaciones, de viviendas y centros sociales. Autogestión , contracultura y conflictos urbanos (Virus), señalan que son "muchos más" los edificios ocupados aunque resultan "invisibles para el público".

Otro inmueble sobre el que pesan los años de inactividad es el antiguo Liceo Sorolla, en el número 22 de la calle de Alonso Castrillo, en el barrio de Tetúan, cerrado desde 1995. En dos décadas ha pasado por las manos de tres propietarios diferentes y ninguno ha conseguido dar una salida ciudadana al edificio. "Seguramente se haga algo de uso social aunque podrían hacerse viviendas", explica Amparo de Villa, portavoz de la propietaria: la inmobiliaria La Rebeldía 77 S. L. Esta empresa adquirió el edificio en 2008, casi una década después de que un colectivo okupa intentara hacer del antiguo colegio un centro social para el vecindario.

Un grupo activista anunció ayer la ocupación de un cine en Barcelona

Salvo para los vecinos, que reclaman su uso público, el caso del Liceo Sorolla permanece en el olvido. Otros edificios abandonados forman parte del paisaje del centro más turístico de la capital. Por la puerta de los cines Bogart, en la calle de Cedaceros, pasean decenas de diputados cada día camino de su despacho en el vecino Congreso de los Diputados. En 2006 fue ocupado durante una semana. Sus puertas siguen mostrando un muro de ladrillo tapado empapelado con publicidad. Su propietario es la empresa Inversiones Batuecas Torrego S. L., de Agustín Batuecas, consejero ejecutivo de ACS.

El cine Bogart cerró sus 388 metros cuadrados de instalaciones en 2001. Durante una semana de 2006 fue ocupado por el colectivo Rompamos el Silencio que pudo comprobar el lujo de su interior. "La escalera es de marmol-cerámico con barandilla de hierro forjado artísticamente, todo en armonía con el gran lujo que requiere el edificio", dice la descripción del edificio del Registro de la Propiedad.

Uno de los últimos desalojos en Madrid fue el del Palacio Social Okupado Malaya, en el número 49 de la calle Atocha. El caso fue sonado porque el propietario del edificio, Pedro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella con Jesús Gil, está imputado en el caso Malaya. Su hija, María Pilar Román Martín, junto con Javier Pérez Villena, figuran como administradores de la empresa Atocha, 49. Los dos fueron detenidos también durante la operación Malaya. En marzo de 2008, el colectivo La Alarma ocupó esta finca, con diez apartamentos en tres plantas y dos patios interiores, tras 15 años de abandono. La aventura duró poco. Nueve meses después, un juez ordenó su desalojo y todavía permanece cerrada.

El Laboratorio II fue otro reducto okupa condenado al olvido. Este centro de Lavapiés, que colaboraba con entidades como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y Sodepaz, era uno de los más activos de Madrid. En 2001, una juez ordenó desalojarlo, aunque 15 meses antes la misma magistrada había determinado que los jóvenes no cometían ningún delito por usar "un inmueble abandonado durante dos décadas". 400 ciudadanos se opusieron al cierre de esta finca, ocupada desde 1999. Hoy, el Labo II es una foto de otra época en la remodelada plaza de Cabestreros.

Laboratorio II
Este edificio de 12 viviendas, en la plaza de Cabestreros, fue uno de los centros ‘okupas’ más activos de Madrid. Un juez ordenó desalojarlo en 2001 y sigue cerrado desde entonces . La finca llevaba 20 años vacía.

Rompamos el Silencio
Durante una semana de 2006, este colectivo habitó a modo de denuncia los 380 metros cuadrados abandonados del cine Bogart en la calle Cedaceros de Madrid.

Palacio Social Malaya
Propiedad de un imputado en el caso Malaya, esta finca de la calle Atocha acogió durante meses al colectivo ‘okupa’ La Alarma. Un juez los echó hace tres años. Sus más de 900 m2 permanecen sin uso. 

Patio Maravillas
Desde el pasado 5 de enero, el colectivo ‘okupa’ trata de rehabilitar un céntrico edificio vacío del ayuntamiento en venta en Madrid para su uso social. 

CSO La Pecera
Los ‘okupas’ desalojados del antiguo Liceo Sorolla enviaron una carta a la propiedad en la que aseguraban que no dañarían el edificio ni buscaban lucrarse.