La dura posguerra que comenzó el 1 de abril de 1939 resultó mucho más penosa y severa para los españoles por la desastrosa gestión del primer franquismo. Junto al coste financiero, económico, social y, por supuesto, humano de los tres años de guerra, la autarquía que se practicó en aquellos años provocó una larga etapa de estancamiento.

Según el catedrático de Historia Económica la Universidad de Alcalá de Henares Pablo Martín Aceña, 'las secuelas de destrucción y pérdidas de la guerra, y la política de aislamiento y cerrazón de la década de 1940 provocaron la interrupción y el retroceso en el proceso de convergencia que se había iniciado entre 1930 y 1935'. A pesar del crash de 1929 y de la crisis internacional, la economía española logró un cierto avance durante la República. 'Los gobiernos republicanos hicieron numerosas reformas estructurales, principalmente en la educación, la protección social y el sistema impositivo, que hubiesen tenido un enorme impacto positivo en el futuro del crecimiento español. El primer franquismo quebró esa tendencia y llevo a cabo una política económica dañina', explica el profesor de Historia Económica de la Universidad Carlos III Joan Rosés.

Ciertamente, el aislamiento del régimen por parte de las potencias occidentales condicionó la actuación del Gobierno, pero en la autarquía también hubo un fuerte elemento ideológico. 'El régimen justificó sus erróneas políticas económicas con la excusa de la situación internacional. La autarquía fue una política querida y buscada por las autoridades', subraya Rosés.

Para explicar cuál era el fondo de ese pensamiento, Martín Aceña señala: 'Franco y el régimen desconfiaban del mercado y de los empresarios porque, a su juicio, habían fallado, pues en España no se había producido una industrialización como en otros países. Por tanto, se consideraba que el Estado era más clarividente en la asignación de los recursos'.

¿Dónde estaba la materia gris económica de la época? Todos los autores coinciden en que la política económica del franquismo autárquico no fue obra de economistas (muchos estaban exiliados y los que quedaron fueron ignorados), sino de ingenieros y militares. El personaje paradigmático es Juan Antonio Suances: ingeniero naval y general de brigada del Cuerpo de Ingenieros de la Armada; amigo personal de Franco desde la infancia; ministro de Industria y fundador y presidente del INI -compatibilizó ambos puestos-; y uno de los máximos valedores de la intervención del Estado en la vida económica, desde presupuestos nacionalistas.

El nivel de vida de los españoles era muy pobre. Hay que esperar al desarrollismo de la década de 1960 para encontrar una verdadera mejoría. De hecho, hasta la década anterior no se recuperó el nivel de renta por habitante previo a la guerra. 'Los españoles perdieron algo más de cuatro años de PIB per cápita. España fue el último país de Europa Occidental en recuperar el nivel de preguerra', señala Rosés. El salario medio en la industria en 1945 era de 12,27 pesetas diarias (unos 0,07 euros), cuando, por ejemplo, en pleno racionamiento, el Gobierno fijó un precio para la leche de 1,40 pesetas (0,01 euros). Hoy, según los datos del INE, el coste salarial de la industria es de 122,8 euros diarios y la leche se compra por 0,99 euros.

El Estado no estaba mejor. Al terminar la guerra, la caja del Banco de España estaba totalmente vacía. Según una investigación realizada por Martín Aceña, la reserva española de oro al comienzo de la guerra era de 707 toneladas, la cuarta del mundo. La República la agotó con los gastos de armamento y material. Las autoridades franquistas tuvieron que reponer las reservas del Banco de España, que debían garantizar las deudas con el exterior. Fue posible porque durante la II Guerra Mundial el régimen especuló con wolframio, que se vendía tanto a los alemanes como a los estadounidenses. Así acumuló divisas que cambió por oro. En 1945, la caja del Banco de España ya tenía 67 toneladas de oro, gran parte del cual hubo que entregar a la banca internacional unos años después, cuando no se pudo hacer frente a los créditos.

Las cuentas públicas son ilustrativas de las prioridades del primer franquismo. 'Atendiendo a los gastos del Estado, el Presupuesto revela el mantenimiento de una Hacienda de guerra hasta 1957', comenta el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá Francisco Comín, en un trabajo sobre la política presupuestaria de la autarquía. El primer Presupuesto de posguerra, de 1940, ascendió a 7.160 millones de pesetas (430 millones de euros). Las prioridades de gasto eran, por este orden: pagar los atrasos de la guerra, subir el sueldo a los funcionarios y militares, comprar material para el Ejército, pagar a la Iglesia, costear la reconstrucción de los daños materiales del conflicto y algo para las obras públicas. Muy poca importancia tenía el gasto en pensiones, sanidad o educación.

La política económica cambia con la década de 1950, tras el reconocimiento internacional del régimen y el Tratado de Ayuda Mutua con EEUU. Se abandona la autarquía, 'una vez se demostró su fracaso', según Rosés, y se opta por un intervencionismo moderado siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales. 'Franco acepta dar un giro trascendental en 1959. Ahí, sintiéndose bajo el paraguas de EEUU, se monta en la ola de prosperidad que recorre la economía mundial', dice Martín Aceña.

Los poderes económicos

EL GRAN MILLONARIO- Juan March: El empresario mallorquín fue uno de los financieros del golpe de estado. Dio 600 millones de pesetas para la sublevación y pagó el alquiler del avión que trasladó a Franco para encabezarlo.

LOS MAYORES BANCOS- El Central y el Hispano: En el primer cuarto del siglo XX se fundaron la mayoría de las más grandes entidades españolas. Entre ellas, el Banco Central y el Hispano Americano, que en 1991 se fusionaron y en 1998se unieron al Banco Santander.

LA GRAN EMPRESA- Telefonica y el INI: Desde 1924, el servicio telefónico estaba gestionado por la norteamericana ITT. En 1945, el Gobierno de Franco compra la sociedad para crear el monopolio estatal. Otras grandes empresas de la época también eran públicas, y muchas pertenecían al INI.