Los dependientes se ven impotentes ante el impago

El concepto de derecho subjetivo pierde toda su fuerza cuando su incumplimiento empuja al ciudadano a acudir a la justicia como único recurso. Por eso se sienten impotentes los dependientes de Castilla-La Mancha, que desde hace tres meses no cobran las ayudas económicas que les corresponden. Sí, en un papel consta que son beneficiarios de un derecho garantizado por ley, pero ¿qué pasa cuando la Administración no lo hace efectivo? ¿Qué pasa cuando sus quejas chocan contra un muro, cuando su autonomía dice que no tiene dinero para pagarles lo que les corresponde?

Por mucha fuerza legal que tenga el derecho subjetivo, en la práctica sólo un juez puede obligar a una Administración a cumplirlo. Y eso implica tiempo y mucha fuerza moral. El dependiente debería presentar un recurso de alzada contra la Administración. Si en tres meses esta no resuelve, la persona dependiente tiene seis meses para acudir a un juzgado de lo contencioso-administrativo. Si la Administración contesta pero el dependiente no queda satisfecho, tiene dos meses para reclamar a los juzgados, detalla la abogada miembro del foro Justicia y Discapacidad, Josefa García.

La única vía para exigir el derecho subjetivo es recurrir a los tribunales

Pero la justicia española no brilla por su rapidez y los familiares de dependientes no tienen tiempo, ganas ni recursos económicos para afrontar un proceso judicial para conseguir algo que ya es suyo. "Tenemos que empezar a explicar qué es un derecho subjetivo, es el mismo derecho que el del paro, o que si un empresario te dice que no te paga", explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.

No obstante, reconoce que la justicia es lenta y eso supone un freno a la hora de hacer efectivo el derecho. "Por eso se intentó que los casos de dependencia se trataran por los juzgados de lo social, porque son más rápidos y no se necesita procurador. Pero no fue posible y van por la justicia ordinaria", explica Fontecha. "Haría falta más dinero para contratar más personal en los juzgados de lo social", añade.

UGT señala que la dependencia es un derecho como el de cobrar el paro

"Es más efectivo salir a la calle que ir a los tribunales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Su asociación lleva años poniendo la cara roja a las autonomías que peor gestionan el sistema de atención a la dependencia.

Hasta ahora, los casos que han llegado a los tribunales por la mala aplicación de la Ley de Dependencia se han debido a retrasos en el reconocimiento de la ayuda la espera se alarga de media hasta más de un año y al incumplimiento del sentido retroactivo de la ley. Ningún dependiente ha emprendido nunca una batalla legal por el impago de su ayuda porque hasta ahora, más allá de retrasos puntuales, no había habido impagos.

También para el Defensor del Pueblo, que año tras año registra un número creciente de quejas, esta situación es nueva. En general, explican en la institución, los dependientes suelen agotar todas las vías (protestas en la calle y la vía judicial) hasta que buscan el amparo del Defensor.

Y por ahora sólo han pasado tres meses desde que el recién constituido Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha dejara de pagar a los dependientes que ya recibían ayudas alegando falta de liquidez.

En los próximos días, una integrante de la Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha será la primera persona en reclamar ante los tribunales que se le reinstaure el derecho subjetivo del que ya era beneficiaria. También el presidente de la plataforma, Enrique Rivas, se plantea optar por la vía judicial.

Tras el eco que consiguieron con sus primeras protestas, los dependientes manchegos consiguieron que a mediados de septiembre la Junta les pagara el mes de junio. Ahora esperan los ingresos de julio, agosto y septiembre. Los dependientes se manifestarán el próximo día 9 en Toledo. Además, llevan semanas quejándose en los consistorios, algunos de los cuales ya les han apoyado, como el de Illescas (Toledo), del PP.

En la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha aseguran que van pagando al ritmo en que van cobrando del Gobierno central. El Gobierno de Cospedal obvia que es la única autonomía que incumple la norma, aún cuando el Estado hace efectivo el ingreso a todas las comunidades al mismo tiempo.

La financiación de la dependencia es, en parte, finalista, aunque reina la opacidad. El Gobierno central paga cada mes a las autonomías por el número de dependientes que atienden. Este es el monto de mayor peso. Además, cada año se ingresa una cantidad fija, que se define según la población, la extensión y otras características diferenciales entre las autonomías.

La Administración central y las autonómicas deben pagar a escote el coste del sistema, sin tener en cuenta el copago de los usuarios en algunos casos. Pero se desconoce la realidad. Las autonomías, que se quejan de que asumen un mayor peso que el Estado, no hacen pública su aportación al sistema.

"El sistema de financiación es opaco. No se sabe quién pone qué", critica Montserrat Cervera, una de las expertas que realizaron el estudio sobre el sistema que encargó el Congreso. Cervera apunta a que otro de los problemas del sistema es que nació con una previsión de gastos inferior al real. Se establecieron costes de infraestructuras por debajo de los reales y se previó un número de beneficiarios inferior al que luego ha resultado ser.

¿Y qué pasaría si la Administración, pese a una resolución judicial, alegase que no tiene fondos? Es un futurible sin precedentes, pero los dependientes temen que su indefensión se agrave.